Opinión
La Jornada Maya
26/10/2025 | Mérida, Yucatán
Cada año, con ocasión de cada levantamiento de veda temporal para las pesquerías de mayor valor comercial, la queja de las organizaciones de pescadores se repite: la actividad furtiva ha hecho mella en las especies al grado que para quienes operan en la legalidad se vuelve incosteable salir todos los días, o los viajes ya no permiten recuperar la inversión porque es imposible obtener los volúmenes de captura de años anteriores.
La explicación a la persistencia del tema se vuelve compleja cuando se enumeran los factores que favorecen la ilegalidad. El principal es el propio mercado, que responde con una oferta a precio desmedidamente alto cuando existe una demanda proveniente de un público poco exigente en cuanto a la trazabilidad de lo que consume. Así, se ha creado la idea de que gracias al desarrollo de técnicas de conservación y congelación más eficientes, es posible tener pulpo maya en la mesa durante todo el año, por ejemplo. Después se encuentra la debilidad estatal para realizar inspecciones y vigilar el litoral, pero tampoco podemos ser ciegos ante los mecanismos de corrupción que permiten que exista una “cifra negra” de captura furtiva, y que por cada decomiso podamos adivinar que ha habido otros días durante los cuales los furtivos “trabajaron” sin que nadie los molestara.
De concentrar los esfuerzos en establecer sanciones más fuertes a partir del marco normativo, lo más probable es que la pesca ilegal continúe como hasta ahora. Mayores penas, incluso la advertencia de prisión, no harán que disminuya esta actividad, y esto aun si se hacen campañas de difusión: mientras los cuerpos de la fuerza pública no realicen diariamente inspecciones en el mar y a pie de playa, la ley será letra muerta.
Ahora, el objetivo principal de las acciones de la autoridad debe ser inhibir la pesca furtiva, lo que no es sinónimo de encarcelar a toda persona incapaz de demostrar la legal procedencia del mero, pulpo, langosta, caracol, pepino de mar o la especie que se le encuentre encima. El decomiso tampoco devuelve la vida a los animales capturados como para decir que no ha habido daño ecológico.
Por el contrario, endurecer las penas -así sean multas más altas o el establecimiento de prisión a quien se encuentre pescando en áreas protegidas, empleando artes prohibidas, en posesión o transportando especies en veda - será insuficiente si no se frena la demanda y no se impone un certificado de verificación de origen. El incentivo está en que el mismo riesgo aumentará el precio, y de alguna manera, toda la pesca ilegal encuentra el modo de insertarse en el mercado.
Lo que queda en entredicho es el desempeño de las autoridades: desde las correspondientes Capitanías de Puerto, donde se sabe quiénes se han hecho a la mar, todos los días, siguiendo por las encargadas de patrullar en el mar y de realizar inspecciones al retorno de los pescadores, siguiendo por las que deben hacerse en cooperativas pesqueras y congeladoras. En suma, el mayor daño que hace la pesca furtiva es a las instituciones del Estado, independientemente del partido que se encuentre en el gobierno.
Tampoco se vale caer en la falsa idea de que los pescadores furtivos obtienen mayores ingresos. Al contrario, la mayor parte de las veces cuentan con equipos similares a quienes ejercen la actividad de manera lícita; es decir, ambos son explotados por quienes concentran el producto y se encargan de comercializarlo. Mientras el castigo no llegue a esa esfera, tampoco habrá mayor cambio, y las autoridades fiscales tienen mucho que aportar al combate a la depredación.
Puede que desde la comodidad de nuestros hogares no podamos ver el daño a los arrecifes o cómo ha disminuido la población de pulpo maya a causa de la pesca furtiva, pero tampoco el que causa la pérdida de credibilidad en quienes están encargados de combatirla.
Edición: Fernando Sierra
