Opinión
La Jornada
12/11/2025 | Ciudad de México
El lunes se reveló que los escoltas de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado el pasado 1 de noviembre,
mataron al presunto autor material del homicidio cuando ya se encontraba detenido. La ejecución extrajudicial de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años y originario del cercano municipio de Paracho, enturbia el ya complicado caso que ha levantado una justificada ola de indignación en la sociedad michoacana.
A menos que se trate de un ejemplo de aguda ineptitud, nerviosismo o brutalidad por parte de
los hombres que el edil había seleccionado personalmente para cuidarlo, la eliminación de Ubaldo Vidales obliga a cambiar el énfasis de las indagatorias, hasta ahora centradas en el crimen organizado, a un crimen de índole política. En este sentido, la aparente urgencia por silenciar a quien se considera responsable directo del atentado descarta que las órdenes provinieran de cabecillas del narcotráfico, pues es un hecho conocido que dichos personajes no ocultan la autoría de sus ataques; por el contrario, en ocasiones la hacen pública por medio de las denominadas
narcomantas, e incluso se ufanan de su capacidad de fuego pagando para que les compongan corridos, entre otras formas de exhibición de poder y pretensión de inmunidad.
La creciente complejidad de la trama delictiva vuelve inaplazable la atracción del caso por la Fiscalía General de la República: ya sea que se determine que el involucramiento de la delincuencia organizada, como sugiere el desarrollo de los acontecimientos, tenga detrás una conspiración con actores y propósitos que permanecen en las sombras, resulta claro que trasciende las facultades de las autoridades locales y requiere la acción directa de la Federación. Además de pertinente, atraer el caso al ámbito federal es lo conducente en términos legales, tanto por el empleo de un arma de uso exclusivo del Ejército como por la sospechada participación de un grupo criminal.
Independientemente de los próximos avances que presenten las autoridades, resulta inquietante pensar que el atentado pudo buscar un efecto político y que las investigaciones permanecerán incompletas, en tanto no se establezca cómo y por qué se perpetró el homicidio del joven atacante.
Asimismo, llama la atención la coincidencia entre el asesinato del edil y las maniobras dirigidas a instrumentarlo con propósitos de desestabilización, lo cual arroja una señal sumamente ominosa.
Edición: Estefanía Cardeña
