Opinión
La Jornada Maya
12/11/2025 | Mérida, Yucatán
Las personas más vulnerables suelen ser las que aportan la mayor cantidad de víctimas en cualquier conflicto. La descripción de la tropa cuya misión era ser el primer grupo en avanzar a la batalla sigue siendo “carne de cañón”, el alimento de la metralla, que históricamente se compone de quienes prestan a la fuerza el servicio de las armas, incorporados a punta de bayonetas a incorporarse a regimientos, sin adiestramiento militar alguno.
Ahora se ha revelado que, para el blanqueo de capitales, la estrategia es muy similar: emplear a “estudiantes, personas con ingresos bajos o sin actividades económicas identificables para realizar movimientos que simulen operaciones legítimas, reduciendo así el riesgo de detección”, ha revelado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
A grandes rasgos, uno de los principales modos de operar consiste en ingresar pingües cantidades de efectivo a casinos ubicados en diversas partes del país. No de balde las apuestas son, desde hace décadas, un negocio en el cual han estado interesadas organizaciones legendarias del crimen organizado; desde la Yakuza, la Cosa Nostra, la mafia siciliana en Estados Unidos y, por supuesto, los cárteles en México.
En un país en el que priva la informalidad económica o la precariedad en el empleo, la tentación de obtener una “recompensa” por llevar un paquete o bien se recibe una oportunidad para mantener la adicción a los juegos de azar con unas cuantas fichas, a cambio de dejar en la caja un fajo de billetes, puede ser harto difícil de rechazar. Dejamos al aire la pregunta: ¿cuántas historias ha escuchado de personas que pierden toda la compostura buscando prolongar su estancia en un casino cuando ya se les agotó el dinero? La ludopatía hace que muchos caigan en abusos.
La revelación de la UIF, en cuanto a la identificación de los casinos implicados, es una muy buena señal de los avances en el combate al crimen organizado precisamente en el aspecto que se prometió desde hace siete años: cortar sus vías de financiación y de aplicar la inteligencia para cortarle el acceso al dinero legal. A otras instancias les corresponde proteger a quienes fueron utilizados para ingresar el efectivo a las cajas de las casas de juego.
Porque también, el patrón de estudiantes, adultos mayores, personas sin actividades económicas identificables, incluye a muchas personas: lo mismo amas de casa que a quienes tienen un empleo precario. Los programas de apoyo social han contribuido a sacar a muchos de la pobreza extrema y fortalecer el mercado interno, pero aún es necesario crear mayores oportunidades de ascenso social y de inclusión en la economía formal para que disminuyan los incentivos para formar parte de la “carne de cañón” de quienes mueven esas enormes cantidades de dinero.
Queda también pendiente que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) proceda contra quienes están detrás de las empresas fachada y simulan servicios o donativos a fin de lavar el dinero de procedencia dudosa. Estos son los niveles que ya requieren un perfil mucho más compenetrado con las actividades ilícitas. Si ya se tiene el sustento legal y pruebas, lo siguiente es presentarlas ante la Fiscalía General de la República y que ésta consigne a los responsables de esas operaciones, y esperamos que se llegue incluso a quienes se sienten confiados en que siempre contarán con los más pobres para seguir operando sus máquinas de guerra contra el interés colectivo.
Edición: Fernando Sierra
