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Foto: Gobierno de México

Por casi dos décadas, Michoacán ha estado sumido en un grave problema de inseguridad provocado por la presencia del crimen organizado, que encontró en la extorsión a productores de limón y aguacate una veta para hacerse de recursos, estableciendo tarifas al cultivo, empaque y transporte de ambos frutos; esto además del tráfico de estupefacientes, personas, trata de blancas y además el control de la comercialización de mercancías básicas.

Sin duda, tal grado de presencia y permanencia habría sido imposible sin la colusión de las autoridades. De ahí que resulte vital una refundación del Estado en esa entidad. Los violentos acontecimientos recientes han resultado en expresiones de hartazgo por parte de la población y revelan la necesidad de intervención por parte del gobierno federal de una manera orgánica, integral y coordinada entre varios niveles. 

Ya se intentó, y fracasó, el combate frontal utilizando al Ejército y la policía federal de entonces. En realidad quedó intacta la estructura financiera, al igual que los pactos con los gobiernos locales. La gente de Michoacán, que a pesar de todo sigue produciendo y aportando divisas al país, ha reclamado que no se le deje sola, y merece todo el acompañamiento.

Este domingo, como estaba anunciado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que ha resultado de la consulta directa a representantes de diversos sectores de la población, incluyendo alcaldes, líderes agricultores, docentes y empresarios. El resultado es un planteamiento de 12 líneas de acción equivalentes en importancia, pero que terminarán evaluadas por prioridad.

El anuncio es que a partir de hoy habrá presencia territorial del gobierno federal en los municipios de ese estado, según indicó Rosa Icela Rodríguez, por lo que representantes de diversas secretarías de Estado realizarán visitas casa por casa en busca de acercar a la población los programas y servicios federales.

Varias de las líneas de acción anunciadas se resumen en una: brindar dignidad a los habitantes de Michoacán, asegurándoles el acceso a la vivienda, educación, servicios de salud y cultura, así como justicia. Sin embargo, debe reconocerse que esto queda en una serie de metas para las cuales no se mencionaron indicadores; de ninguna manera debe entenderse que serán operaciones abstractas, inalcanzables. Al contrario, deberán observarse los datos de construcción de casas, permanencia en las escuelas y número de consultas en las unidades médicas. El tema es que aún están abiertas las heridas que detonaron la actual crisis en Michoacán.

De ahí que resulte significativa la participación de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC) en el anuncio del Plan, reiterando la promesa de que no habrá impunidad, y al hacer esto se ha entendido que la investigación no se detuvo con la identificación del adolescente sicario que ejecutó a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. Este joven fue cooptado por el crimen organizado y es también una víctima del ambiente que se ha vivido en Michoacán, por lo que quienes deben responder por su vida son quienes lo enrolaron, instruyeron y armaron.

La prioridad, entonces, es la detención y puesta en manos de la justicia de los generadores de violencia; si para ello es necesario reforzar la estrategia de seguridad, seguramente los michoacanos lo aprobarán. Pero por otra urge garantizar la no repetición de las condiciones para que prospere el crimen organizado, por lo que el complementario Plan Paricutín, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), es de suma importancia para cortar las actividades de los cárteles. Lo que debe quedar claro en la ejecución son los protocolos de uso racional de la fuerza, porque también debe anticiparse que habrá una respuesta armada; porque si bien no faltará quien desee la toma a sangre y fuego de laboratorios, casas de seguridad y cuarteles de los criminales, nadie desea una nueva “guerra contra el narco” con resultados pírricos.

Para alcanzar la paz será necesario imponerse a fuerzas violentas, por lo que en la ejecución del Plan Michoacán deberá primar la inteligencia. Al mismo tiempo se tendrán que crear las condiciones para que la población no vuelva a caer en las garras del crimen organizado. Eso sí será una transformación, y hasta una metamorfosis.


Lea de la misma columna: Nadie está seguro: ese es el mensaje


Edición: Fernando Sierra


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