Grupo Salinas: final del camino

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ayer de forma definitiva siete de los nueve juicios principales que Grupo Salinas litigaba desde hace más de una década para evitar el pago de impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Al dejar firmes las sentencias de tribunales colegiados, desechar impugnaciones y recursos de impedimento interpuestos por el conglomerado, el máximo tribunal le obliga a pagar, sin posibilidad de apelación, más de 48 mil millones de pesos en deudas a Hacienda.

A partir de este momento,el SAT puede exigir el pago de los créditos fiscales correspondientes. Ante una negativa o falta de respuesta, el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación (CFF) lo habilita a emprender un procedimiento administrativo de ejecución (PAE), denominación oficial del embargo. De llegarse a ese punto, Grupo Salinas puede objetar aspectos técnicos como el avalúo de los activos embargados o la salida de los bienes a remate, pero se trata de aspectos administrativos con plazos perentorios y fijados en la ley, por lo que se descartan pleitos prolongados como los mantenidos hasta ahora.

De este modo, se ha cerrado de forma adversa para el magnate Ricardo Salinas Pliego el primero de los tres grandes frentes legales que mantenía abiertos. El segundo no tiene mejores perspectivas, pues su pelea para no pagar los más de 600 millones de dólares a que ascienden el capital e intereses de bonos colocados por Tv Azteca en 2017 se ha topado con un tribunal neoyorquino interesado en acelerar el procedimiento y disgustado por sus maniobras de aplazamiento. Por último, el bloqueo de dos casinos registrados como filiales de la televisora por indicios de participación en operaciones de lavado de dinero complica la situación financiera de esa empresa y corre el riesgo de convergencia con las indagatorias del Departamento del Tesoro estadunidense en torno a casas de apuestas mexicanas.

Ante los reiterados reveses judiciales recibidos, Grupo Salinas ha denunciado usura entre sus acreedores encabezados por The Bank of New York Mellon y persecución política del gobierno mexicano. El primer señalamiento puede pasar sin mayor comentario que su carácter cómicamente paradójico, pero el segundo es desmentido de manera rotunda por los hechos. Por principio de cuentas, los reclamos del SAT se originaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuando la autoridad hacendaria detectó manipulaciones en los reportes de pérdidas de Elektra correspondientes a años anteriores, a fin de reducir indebidamente sus pagos al fisco. Si dichos casos continúan abiertos en el segundo sexenio de la Cuarta Transformación, es por la estrategia dilatoria del conglomerado, no por voluntad de la actual administración. Tampoco tiene sustento la especie de que las sentencias adversas se deban a las preferencias políticas de la Suprema Corte surgida de procedimientos democráticos, pues los nuevos ministros se limitaron a ratificar fallos emitidos previamente por tribunales de distrito y colegiados, cuyos titulares proceden de los anteriores ministros del Poder Judicial.

Al tomar los casos mencionados en conjunto, se hace manifiesto que el pleito de Grupo Salinas no es contra el actual gobierno federal, sino contra la legalidad. Asimismo, sus alegatos en defensa de la propiedad y el estado de derecho quedan exhibidos como mera retórica: no puede decirse a favor de la propiedad quien evade el pago de sus deudas; es decir, quien atenta contra la propiedad de sus acreedores, sean el SAT o los titulares de sus bonos. También es evidente que la responsabilidad por el inminente golpe financiero al imperio corporativo no es ni de los “usureros” estadunidenses ni de los “gobiernícolas” de este lado del río Bravo, sino de las tácticas seguidas por el propio Grupo Salinas, tanto al litigar –por ejemplo– un adeudo de alrededor 18 mil millones de pesos que hoy se cifra en 34 mil millones por actualizaciones, recargos y multas, como al emitir productos de deuda sin relación con los rendimientos de la empresa emisora.

Frente a la perspectiva de ser embargado en México y quedar desterrado de los negocios en Estados Unidos, lo mejor que puede hacer el accionista mayoritario de Grupo Salinas es pagar sus deudas y encarar la restructuración de sus negocios en los términos que sean necesarios. A estas alturas, hacer lo correcto se presenta también como la alternativa menos costosa.

Edición: Emilio Gómez