Opinión
La Jornada
25/11/2025 | Ciudad de México
En los 10 primeros meses del año, México importó 40 millones 700 mil toneladas de granos y oleaginosas, cifra sin precedente desde que existen registros (1993), que además representa un incremento de 3.5 por ciento frente al récord anterior de 39 millones 330 mil toneladas, reportado en el mismo periodo de 2024. Más de la mitad de ese volumen corresponde al maíz, del que se importaron 21 millones 200 mil toneladas, casi en su totalidad de la variedad amarilla, usada en nuestro país principalmente para forraje. Como informó este diario, las compras al extranjero de maíz blanco se cuadruplicaron entre enero y septiembre de este año en relación con las reportadas en igual lapso del año pasado. Aunque en cantidades mucho menores (800 mil toneladas), las importaciones de sorgo registraron un preocupante crecimiento de 2 mil 700 por ciento.
Al preguntarle acerca de esta situación, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, la atribuyó al incremento exponencial en el consumo de proteína animal, que a su vez responde al hecho de que 13 millones y medio de personas han salido de la pobreza en años recientes gracias a las políticas de bienestar. El funcionario mencionó otro dato clave: los granos con que se alimenta a pollos, cerdos y vacas podrían producirse en México, “nada más que necesitaríamos 2 millones de hectáreas que se están usando en otras cosas”. En efecto, el auge de cultivos orientados al mercado de exportación (sobre todo, los frutos genéricamente denominados berries, el aguacate y los agaves tequileros y mezcaleros) ha arrebatado cada vez más superficie agrícola a los mucho menos rentables granos básicos.
En este contexto ya complicado, la guerra comercial de Donald Trump impidió a los granjeros estadunidenses colocar su producción en su mayor mercado, China, con lo que se generó una sobreoferta que a su vez indujo el desplome de los precios internacionales de cereales. Como explica el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), la integración comercial bajo el T-MEC hace de México el mercado más relevante para la colocación de excedentes agrícolas estadunidenses, lo que hace muy difícil a los labriegos locales competir con los precios subsidiados de sus competidores del norte, que, además, son importados, prácticamente sin restricción alguna, por las harineras y comercializadoras de granos nacionales y extranjeras que operan en nuestro país, desatando la crisis de rentabilidad que alimenta la oleada de protesta que se vive a nivel nacional.
Por el momento, la caída en el valor de los bienes agrícolas ha permitido que, pese al aumento en el volumen de importaciones, se pague menos que en años anteriores. Sin embargo, es imposible ignorar que a largo plazo la creciente dependencia del exterior amenaza no sólo a los campesinos, sino también la soberanía alimentaria, que es un objetivo prioritario del gobierno federal. Dicha realidad es más grave si se considera que las compras mexicanas de alimentos básicos provienen casi por completo de Estados Unidos, un vecino cada vez más impredecible y dispuesto a explotar cualquier ventaja como herramienta de coerción política.
En suma, es imprescindible que las autoridades elaboren y presenten un plan integral de atención al campo que vaya más allá del combate a la pobreza y la marginación e impulse una política de fomento que apoye a medianos agricultores excedentarios con crédito, seguro agrícola y apoyos a la comercialización. Es preciso actuar sin dilaciones antes de que se presente un mayor retroceso en la siembra y productividad de los cultivos que forman la base de la dieta mexicana y se transfiera más superficie agrícola a los mercados de exportación, los cuales producen ganancias, pero no comida.
Edición: Ana Ordaz
