Perú y la tragedia andina

El ex presidente de Perú, Pedro Castillo (2021-2022) fue condenado a 11 años de prisión por los cargos de rebelión y conspiración, con los cuales los tribunales denominan sus maniobras desesperadas para evitar el golpe de Estado consumado por los personeros de la oligarquía en los poderes Legislativo y Judicial en diciembre de 2022. Antier, su antecesor Martín Vizcarra recibió una sentencia de 14 años por aceptar sobornos de empresas constructoras a cambio de otorgar obras públicas cuando fue gobernador de la región Moquegua (2011-2014).

Además de representar una nueva demostración de la saña con que las élites peruanas se han vengado de Castillo por ser la primera persona de extracción humilde, rural e indígena que ha dirigido al país en su historia moderna, los fallos judiciales referidos profundizan el deterioro institucional que padece esa nación hace casi cuatro décadas. Lima no ha podido consolidar su democracia desde 1990, pues tras la sanguinaria dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000) se han sucedido administraciones inestables y casi siempre carentes de legitimidad. Luego de la huida del autócrata, el signo de la vida política peruana ha sido un Congreso que aúna un poder excesivo con una flagrante carencia de representatividad, como muestra el hecho de que las encuestas que más le favorecen le atribuyen 90 por ciento de rechazo ciudadano.

Un repaso a los ciclos presidenciales da cuenta de la inestabilidad extrema de la vida institucional peruana y del papel parlamentario en la crisis: Fujimori fue destituido por “incapacidad moral permanente” y cumplió condena por corrupción y crímenes de lesa humanidad; Alejandro Toledo (2001-2006) está encarcelado por corrupción; Alan García (2006-2011) se suicidó en 2019 cuando la policía iba a arrestarlo por cargos de corrupción; Ollanta Humala (2011-2016) está preso por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir; Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) renunció en vísperas de que el Congreso lo destituyera por “incapacidad moral”, y se encuentra en prisión domiciliaria por lavado de activos y corrupción; Martín Vizcarra (2018-2020) fue “vacado” por el Congreso por “incapacidad moral permanente”, y se encuentra recluido desde el 13 de agosto pasado; Castillo corrió la suerte mencionada y la golpista Dina Boluarte (2022-2025) fue destituida por sus cómplices en la conjura para derrocar a Castillo. De la lista, el último presidente en concluir su mandato fue Humala Tasso, hace ya casi una década, y la última vez que los peruanos tuvieron un Ejecutivo elegido en las urnas fue el 7 de diciembre de 2021.

Aunque enfrenta múltiples señalamientos de corrupción y debería encarar los procesos más severos por ordenar ejecuciones extrajudiciales calificadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como masacres étnico-raciales, Boluarte se halla libre por una combinación de las leyes de amnistía que ella misma promulgó para favorecer a los genocidas del fujimorato y de los pactos con las derechas y ultraderechas que se han apoderado de Perú y mantienen suspendida la democracia.

Más allá de Perú, la condena a Castillo y la consolidación del régimen de José Jerí (quien amenaza con invadir la embajada de México en Lima, lo cual constituye un acto de guerra), estos acontecimientos se inscriben en la trágica involución de los países andinos, con Bolivia, Ecuador y el propio Perú en manos de fuerzas antidemocráticas de derecha o ultraderecha serviles a Washington, con Chile en las puertas de elegir a un fascista por una abrumadora mayoría que fácilmente rebasará 60 por ciento, de acuerdo con las encuestas más recientes.

Edición: Ana Ordaz