Autonomía universitaria: fortaleza para una sociedad justa y equilibrada

Los momentos actuales que se viven en la máxima casa de estudios nos obligan a salir en la defensa de la autonomía. Ya en 2004, Carlos Monsiváis en su ensayo Cuatro versiones de autonomía universitaria, nos recordó la autonomía como conquista histórica que ha cumplido múltiples funciones y que ha permitido a la institución redefinirse en momentos de crisis. La autonomía no es un concepto estático y abstracto, sino una práctica viva que permite a la UNAM, y a otras instituciones de educación superior, ser espacios de libertad, resistencia y creación. La autonomía universitaria constituye una de las grandes fortalezas de la sociedad mexicana, pues garantiza la posibilidad de construir un país más justo y equilibrado.

El primer gran momento se remonta a 1929, cuando los estudiantes de Derecho, en el contexto de la candidatura de José Vasconcelos, se levantaron en huelga para exigir cambios en la organización académica y, sobre todo, la autonomía universitaria. La respuesta del presidente Emilio Portes Gil fue reconocer que la Universidad debía quedar libre de la “amenaza constante” de decisiones arbitrarias del Estado. Así nació la Universidad Nacional Autónoma de México.

Si bien al inicio la autonomía se redujo a la capacidad de nombrar rector y directores, el cambio fue trascendental: la Universidad dejó de ser un simple aparato administrativo y se convirtió en un poder cultural y social de primer orden, capaz de incidir en la vida pública. Como señala Monsiváis, “la independencia académica se combina con la sujeción económica del Estado”. El señalamiento del pensador mexicano evidencia la histórica tensión entre libertad intelectual y dependencia presupuestal. No obstante, este momento permitió que la Universidad se pensara como un espacio de autogobierno y defensa de derechos, condición indispensable para una sociedad democrática.

El segundo momento clave ocurrió en 1933, cuando Vicente Lombardo Toledano impulsa la idea de una educación socialista que limite la libertad de cátedra en favor de una orientación única hacia el marxismo. Frente a esta postura, Antonio Caso defendió la pluralidad y la libertad de pensamiento como principios esenciales de la Universidad. Y aunque al interior del Congreso los votos fueron a favor de Lombardo Toledano, el debate de ideas lo ganó Caso. Desde entonces la libertad de cátedra se convirtió en un baluarte frente a las tentaciones autoritarias y la vigilancia ideológica.

Gracias al debate Caso-Lombardo Toledano la autonomía universitaria se consolidó como garantía de diversidad intelectual. Una sociedad justa y equilibrada no puede construirse sobre la imposición de un pensamiento único, sino sobre el debate crítico y la confrontación de ideas. La Universidad, al proteger la libertad de cátedra, asegura que las nuevas generaciones se formen en la duda, en la reflexión, en el pensamiento crítico y en la capacidad de discernir, valores fundamentales para la vida democrática.

En 1945 el Congreso de la Unión promulga la Ley Orgánica de la UNAM, como reconocimiento de autonomía dentro del Estado mexicano, única institución que al día de hoy goza de dicho privilegio y responsabilidad. Desde ese momento, la autonomía universitaria no sólo protege la libertad académica, sino también la libertad cultural. En una sociedad cerrada, la Universidad es “territorio libre” frente a la censura, y ha permitido democratizar el acceso a la cultura. La justicia social no se limita a la distribución de bienes materiales, sino también a la posibilidad de acceder a bienes simbólicos y culturales. La autonomía universitaria, al garantizar la creación y difusión cultural, contribuye a equilibrar las desigualdades y a formar ciudadanos críticos y sensibles.

Durante el movimiento estudiantil de 1968, la autonomía universitaria se convirtió en resistencia frente al autoritarismo del Estado. La represión violenta contra estudiantes de la UNAM y otras instituciones culminó en la tragedia de Tlatelolco. En ese contexto, el rector Javier Barros Sierra defendió la autonomía como ejercicio responsable y como condición para las libertades de pensamiento, reunión y expresión. La violación de la autonomía no fue sólo la entrada del ejército a Ciudad Universitaria, sino la cancelación inmediata de la vida académica. La autonomía universitaria, entonces, se reveló como un espacio de defensa de derechos fundamentales frente a la represión política. Una sociedad equilibrada necesita instituciones capaces de resistir al poder autoritario y de proteger las libertades de sus miembros. La Universidad, gracias a su autonomía, se convirtió en símbolo de esa resistencia.

En últimas fechas hemos sido testigos de extraños fenómenos que intentar vulnerar la vida institucional de la UNAM. En esa lógica debemos recordar que la autonomía universitaria implica la no injerencia de actores externos en la vida interna de la institución, y respecto a su comunidad interna es la adquisición y respeto de reglas claras que garantizan su autogobierno, así como un desarrollo libre y equilibrado de todos los miembros de la sociedad en la cual se inserta. No respetarlas abre el riesgo de vulnerar libertades académicas y culturales, debilitando la justicia interna y el equilibrio social.

A casi 100 años de su adquisición en México, la autonomía universitaria ha sido autogobierno, libertad de cátedra, patrocinio cultural, resistencia política e institucionalidad académica. Gracias a la autonomía, la Universidad es un espacio de excepción, donde se ejercen libertades que muchas veces han estado restringidas en el resto de la sociedad. La importancia de la autonomía universitaria radica en que garantiza la formación de ciudadanos libres y críticos, capaces de participar en la vida pública con responsabilidad. Una sociedad más justa y equilibrada necesita universidades autónomas que defiendan la pluralidad, que difundan la cultura, que resistan las tentaciones autoritarias y combatan la vigilancia ideológica. La autonomía universitaria no es privilegio de una comunidad académica, sino conquista social que beneficia a toda la nación. Defenderla es defender la posibilidad de construir un México más democrático, más justo y más equilibrado.

Edición: Estefanía Cardeña