Opinión
La Jornada
02/12/2025 | Ciudad de México
Hasta el cierre de esta edición, el conteo preliminar de los votos de las elecciones presidenciales celebradas en Honduras el domingo pasado arrojaba una diferencia de menos de mil sufragios entre el puntero
Nasry Asfura, del Partido Nacional, y su cercano perseguidor, Salvador Nasralla, del Partido Liberal. La aspirante centroizquierdista del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, apenas habría obtenido 20 por ciento de las preferencias. Debido a las deficiencias del Consejo Nacional Electoral, el escrutinio oficial y los resultados definitivos podrían demorar un mes o más, pese a que el país cuenta con un padrón de apenas 6.5 millones de ciudadanos. Lo que parece irreversible con las cifras disponibles es que una abrumadora mayoría de los hondureños se decantó por los candidatos de derecha y ultraderecha, postulados por las formaciones que se alternaron en el poder a lo largo de un siglo sin muchas más diferencias que sus colores.
De este modo, los comicios se saldaron con una involución en la que no sólo queda abortado el proyecto progresista de la presidenta Xiomara Castro, sino que se malogra de forma acaso definitiva el intento de convertir, por primera vez en la historia hondureña, la independencia formal en real mediante una nueva Constitución que pusiera fin al control oligárquico que ha hecho de la nación centroamericana la segunda más pobre del continente, únicamente delante de Haití. Las trayectorias personales y los equipos que rodean a Asfura y Nasralla auguran que, sin importar quién de ellos llegue al Palacio José Cecilio del Valle, Honduras volverá a ser una base militar de Washington con asiento en la ONU.
Aunque en cuatro años habría sido imposible acabar con las enormes carencias de la sociedad y del propio Estado, en su gobierno Castro logró sostener el crecimiento económico, reducir la pobreza y la desigualdad, así como llevar la tasa de homicidios a su nivel más bajo en décadas. Pero todo ello es claramente insuficiente y no puede subestimarse un factor de desencanto en los resultados electorales referidos. Por otra parte, para entender el voto masivo favorable a los partidos responsables de que 60 por ciento de los habitantes subsista por debajo de la línea de pobreza, debe considerarse el control absoluto sobre los medios de comunicación por parte de los 25 grupos económicos y las 10 familias a los que Moncada denuncia por haberse apropiado de 80 por ciento de la riqueza del país. Debe recordarse que en 2009 esa misma élite, con la bendición de la Casa Blanca de Barack Obama, usó a las fuerzas armadas para derrocar y expulsar del territorio nacional al ex presidente Manuel Zelaya, esposo de la actual mandataria Castro y primero en proponer un plebiscito para convocar a un proceso constituyente.
En las antípodas ideológicas e intelectuales del demócrata, en esta ocasión el presidente
Donald Trump ha jugado un papel no menos decisivo en la configuración del gobierno hondureño a través de sus respaldo público a Asfura y su anuncio de indulto al narcotraficante Juan Orlando Hernández, correligionario del aparente ganador, quien usó sus ocho años al frente de Tegucigalpa para enviar 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos. El endoso del magnate al candidato de ultraderecha, unido a la amenaza de cortar ayudas e inversiones si no se cumplen sus deseos, tiene una influencia inestimable en Honduras debido a factores como la labor colonizadora de las iglesias evangélicas (a las cuales se adscribe alrededor de la mitad de la población), la casi extinta Usaid y las organizaciones no gubernamentales estadunidenses; la gran dependencia de las remesas enviadas por los migrantes, o la histórica presencia de tropas de la superpotencia, sumada al factor de intimidación del despliegue militar estadunidense en el Caribe y dirigido, en lo inmediato, en contra de Venezuela.
En suma, Trump ha cosechado un éxito más en la imposición de regímenes dóciles en América Latina y el Caribe, pero no parece que el pueblo hondureño vaya a recibir a cambio nada más que el acelerado saqueo de sus recursos naturales, el regreso de la violencia de Estado contra campesinos, ambientalistas y otros disidentes, y una pérdida catastrófica de soberanía.
Edición: Ana Ordaz
