¡Salinismo vive/ ley de aguas sigue!

Elena Burns, la reconocida defensora del agua y ex subdirectora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), asegura que “los usuarios industriales y de servicios sólo están pagando derechos sobre el 20 por ciento de los volúmenes concesionados”. Si se les cobrara lo justo, “se podría cada año obtener 44 mil millones de pesos, una cantidad mayor que el presupuesto de la Conagua. De ahí vendría el agua que se necesita para las ciudades” y los proyectos estratégicos”.

Pero no parece haber voluntad política suficiente para corregir a fondo los mecanismos impulsados desde el inicio del periodo neoliberal en México, pues está en curso la pretensión en la Cámara de Diputados de aprobar un gatopardismo que, señala Burns, “propone conservar” la ley emitida durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, “con algunos cambios superficiales”.

Las modificaciones legales que podrían pasar a sesión plenaria para votación y aprobación esta semana, “no incluyen ninguna obligación ni mecanismo para desmontar el sobre-concesionamiento, el acaparamiento”, ni se “exige que la Conagua reconozca con volúmenes de agua los derechos de los sistemas comunitarios, pueblos indígenas, de los núcleos agrarios, de pequeños productores“.

Con una redacción que deja lo sustancial a la discrecionalidad de funcionarios y a los intereses de élites, se “podrán extinguir volúmenes que no han sido utilizados en dos años, que es lo que durante 33 años se ha usado en contra de los pequeños productores para obtener volúmenes para las inmobiliarias, las mineras”. Lo que debería hacerse es “extinguir los volúmenes que no han pagado derechos, derogar el artículo 102 de la Ley de Aguas Nacional, que dice que se va a fomentar la privatización de las obras federales, y añadir al artículo 44 la prohibición de la privatización“. 

Burns fue designada el 25 de septiembre de 2020 por el presidente López Obrador como subdirectora general de administración del agua en Conagua, donde su paso vigilante del interés colectivo no fue soportado por el entonces titular, Germán Martínez Santoyo, quien ordenó destituirla el 1º de noviembre de 2022, impidiéndole el paso a las oficinas mediante agentes de seguridad.

Angélica Enciso, reportera de La Jornada, consignó en aquella ocasión que Burns había sido constante y firme denunciante de “una industria de abogados” para obtener concesiones sin importar si hay daños a terceros o si se carece de disponibilidad del líquido, y que la Ley de Aguas Nacionales fomenta la compra y venta de concesiones, por lo que ella había buscado, “con las manos atadas, qué hacer para frenarlo, mientras vemos que los grandes intereses en el país están adquiriendo los derechos de ejidos y comunidades. La concentración del control del agua, que es muy fuerte, aumenta cada día”.

El entonces director de la Conagua, Germán Martínez Santoyo, mantuvo a flote el esquema de protección a intereses de grandes empresas y acaparadores. Él mismo recibió entre 2019 y 2021 más de 18 millones de pesos en contratos a la empresa privada Avalon Servicios de Ingeniería, de la que es dueño de 50 por ciento de acciones. El periodista Rodrigo Gutiérrez publicó el dato en su portal Froji (https://goo.su/Pz9R6Q) y, en entrevista en otro espacio, retomando lo de Froji, el director de Conagua aceptó esa propiedad e ingresos, pero aseguró que él no recibe ganancias, ningún pago, sino el administrador único.

En ese contexto, Agua para Todos y la Contraloría Nacional Autónoma del Agua han lanzado una alerta por el mencionado “intento de perpetuar la ley salinista, con cambios mínimos” en las modificaciones legislativas en materia de agua que se pretenden aprobar en San Lázaro.

Así han sido los negocios del agua y, por lo que hasta ahora se ve, se pretende que así sigan siendo, con gatopardismo legislativo de preservación de esencias salinistas. ¡Hasta mañana!

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Edición: Ana Ordaz