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Una nota positiva de la semana pasada fue el anuncio del incremento del 13 por ciento que tendrá el salario mínimo en 2026. Conociendo el dato de crecimiento esperado del PIB, 0.3 por ciento, anunciado por el Banco de México, y con una inflación esperada del 3.8 por ciento, se puede concluir que el aumento del poder adquisitivo será del 8.8 por ciento, pero en un contexto de poco crecimiento económico, ya que el panorama de crecimiento para el 2026 no es halagüeño, menos sabiendo que el T-MEC, el principal motor económico de México, tendrá una revisión y, de acuerdo con los comentarios del presidente Trump de la semana pasada, podría no seguir existiendo como lo conocemos. Adicionalmente, la situación de la producción agrícola es incierta, por el tema de los precios de garantía y la nueva ley de aguas, y que más del 55 por ciento de la planta laboral en México está en la informalidad.

En otras palabras, o encontramos la forma de incrementar nuestra productividad y mejor gobernanza o tendremos problemas muy, pero muy serios. No olvidemos que los programas sociales demandan un buen porcentaje del PIB. Al consultar el dato mediante inteligencia artificial se obtiene que hay diferentes métricas para medirlo. En 2023, la CEPAL estimó que el gasto social público rondó 15.5 por ciento del PIB. En 2024, el IMCO estimó que, al incluir la seguridad social, con aportaciones federales y programas sociales, el gasto fue alrededor del 41 por ciento del presupuesto total del país. En el presupuesto 2025 propuso un gasto social histórico de más del 2.5 por ciento del PIB para los programas del Bienestar. ¿De dónde saldrá el recurso si no mejoramos la productividad?

La productividad de un país es un reto complejo. Importa, y mucho, el ambiente político, la certidumbre laboral, la seguridad, el manejo transparente de los fondos públicos, la gobernanza adecuada (que tome realmente en cuenta las necesidades y opiniones de la población, en el marco legal), la capacidad de cabildear y ofrecer buenas condiciones para recibir inversión privada, externa e interna, entre otros.

Importa, y mucho, la forma en cómo se están preparando los profesionistas, su capacidad de innovación y razonamiento crítico, las condiciones que tienen para lograrlo, el modelo educativo bajo el cual se están formando, los apoyos que reciben y la forma en cómo se usan, entre otros. Lo mismo se puede decir de la investigación; sin razonamiento crítico, buena formación y capacidad de innovación, aun teniendo los mejores recursos, no habría un resultado positivo.

Hay muchos estudios y publicaciones que demuestran la estrecha relación que hay entre una buena educación e investigación, de calidad, con el desarrollo económico y la sostenibilidad de un país. En 2024 Villalobos López publicó en la revista Sophia, Colección de Filosofía de la Educación, núm. 36, páginas 275-300, una investigación que tuvo como objetivo conocer el estado de correlación existente entre el universo estudiantil de educación superior con el crecimiento económico y el desarrollo humano. El estudio demostró que hay una correlación positiva entre el crecimiento económico del país, para los años 2010 a 2022, y la matrícula de nivel licenciatura. Si bien el posgrado es un nivel importante y necesario, porque de ahí debería derivarse principalmente la investigación y la innovación, la matrícula de nivel licenciatura es la variable que más influyó. El resultado es lógico, pero tiene un límite en tiempo. Para que la curva de desarrollo y de innovación no se aplane pronto, debe atenderse al posgrado con calidad.

Precisamente por lo anterior es que el nivel y experiencia de los directivos en las instituciones de educación superior, debe estar a la altura del reto. Cuando no es así, todo el país paga los platos rotos. Por eso se debe hacer visible, y castigar, la mala acción de malos directivos.

Es cuanto.

Lea, del mismo autor: ¡Qué semana!


Edición: Estefanía Cardeña


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