Opinión
La Jornada Maya
08/12/2025 | Mérida, Yucatán
Este fin de semana, el sábado, mismo día en que tuvo lugar la concentración de alrededor de 600 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México, con motivo del séptimo aniversario del régimen de la Cuarta Transformación, una camioneta fue conducida hasta las instalaciones de la policía comunitaria de
Coahuayana, Michoacán, donde explotó, produciendo la
muerte de cinco personas, tres de ellas agentes del orden de ese poblado.
El hecho ha atraído la atención del público, particularmente porque la Fiscalía General de la República (FGR) anunció primero que investigaría como terrorismo el ataque con un coche bomba. Horas después, dio marcha atrás indicando que la investigación será por el delito de delincuencia organizada.
El tema va más allá de la definición de cada delito. Para el de terrorismo, la aplicable en México es la plasmada en el artículo 39 del Código Penal Federal, que más bien indica los actos asociados a ese delito; estableciendo una pena de 15 a 40 años de prisión, además de multa, “a quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radioactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego o por incendio, inundación o por cualquier otro miedo violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sean públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación.”
Por otra parte, la legislación mexicana contempla el terrorismo como uno de los delitos que pueden cometer tres o más personas reunidas para delinquir. De hecho, se cuenta con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. De ahí que pueda esgrimirse que la aclaración de la FGR es una mera corrección semántica, pues resultaría más fácil abrir una carpeta de investigación desde lo general (delincuencia organizada) que desde un delito específico (terrorismo).
El equívoco habría surgido también de que el caso fue atraído por la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, organismo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo).
Sin embargo, se ha vuelto imperativo que la FGR dé una explicación de cara a la nación mexicana, acerca del cambio de perspectiva en los hechos de Coahuayana, que no dejan de ser un acto más de violencia contra la población michoacana y sus autoridades, cuando ya se lleva a cabo un operativo amplio de combate a la delincuencia en esa entidad, que se encuentra en crisis política dada la actividad de varios cárteles en su territorio.
La necesidad de la precisión, que también considera necesaria la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ofreció que hoy mismo se podría tener la presencia de la Fiscalía General de la República en su conferencia diaria, es porque el ataque con un auto bomba se da también en un contexto de cambio en la FGR, cuya titularidad asumió Ernestina Godoy hace apenas una semana. Por otro lado, se detendría en seco la especulación política y el ánimo de lucro por parte de los zopilotes habituales, que bien podrían decir que con la reclasificación se busca impedir que Estados Unidos vuelva a ofrecer tropas para combatir a quienes ellos denominan terroristas, cuando en realidad se trata de hacer valer las leyes mexicanas; según las cuales, el terrorismo es apenas uno de los crímenes que pueden cometer las organizaciones delincuenciales, pues también están la extorsión, acopio de armas, trata de personas, tráfico de hidrocarburos, secuestro, e incluso delitos ambientales.
Ahora bien, independientemente del delito, lo que se pide al gabinete de Seguridad es que la investigación dé resultados y que no ocurra lo que con la primera pesquisa por terrorismo en el país, que fue la agresión con granadas perpetrada en la plaza central de Morelia, siempre en Michoacán, la noche del 15 de septiembre de 2008: que al final los tres detenidos, presuntos integrantes del cártel de Los Zetas, salieron libres tras demostrarse que fueron torturados para confesar culpa. La ciudadanía requiere, también, certeza de que quienes sean culpables cumplan con la pena prevista por las leyes y sancionadas por las autoridades judiciales pertinentes.
Edición: Estefanía Cardeña
