Opinión
La Jornada
09/12/2025 | Ciudad de México
La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de la Ciudad de México lleva ya más de un mes en un paro estudiantil que comenzó el 28 de octubre, consecuencia de una problemática largamente larvada, que se ha enconado debido a la insensibilidad de las autoridades de esa institución ante las demandas de los alumnos. Los intentos por resolver el conflicto mediante el diálogo han llevado a una serie de desencuentros que no han hecho más que empeorarlo.
Es fundamental considerar que la UPN es el principal centro formador de docentes del país y que en él maestras y maestros han tenido un espacio de formación, superación y especialización insustituible que impulsa la necesaria reflexión y la investigación en un ámbito que, como el pedagógico y educativo, es de vital importancia para el desarrollo social, económico y humano de México.
En esa medida, la crisis actual no puede dejar de tener incidencias negativas en todo el ámbito magisterial y en la enseñanza pública. Más allá de ese horizonte indeseable, el paro se ha traducido en una división entre la comunidad académica y las autoridades administrativas de la institución y en un deterioro de las instalaciones aún mayor que el que existía antes del movimiento estudiantil, lo cual fue una de las causales de la suspensión de actividades.
Ante el empantanamiento del conflicto, cabe resaltar las declaraciones formuladas ayer en la conferencia presidencial de la mañana por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, sobre su disposición a reunirse personalmente con una comisión estudiantil a fin de analizar y dar respuesta a su pliego petitorio, así como su promesa de respetar los derechos de los alumnos y de no emprender sanciones contra ellos.
Sin embargo, los alumnos en paro de esa universidad rechazaron que exista diálogo abierto con autoridades de la SEP y la casa de estudios. Señalaron que los encuentros han hecho oídos sordos a sus demandas y no se han solucionado sus peticiones. Su demanda central es la remoción de la actual rectora de la UPN, Rosa María Torres.
La flexibilidad y la disposición al diálogo en ambas partes resulta fundamental para poner fin al conflicto en curso. Por el bien de la UPN, de la educación y del gobierno, cabe esperar que el encuentro entre el titular de la SEP y los estudiantes en paro se realice a la brevedad y que sea fructífero.
En un sentido más general, es necesario que se brinde una mayor atención a las universidades públicas del país, especialmente en lo que se refiere al financiamiento, toda vez que la estrechez presupuestaria que padecen es un foco de potenciales conflictos. Asimismo, se deben establecer mecanismos eficientes que, sin vulnerar las autonomías universitarias, contribuyan a eliminar la discrecionalidad, la arbitrariedad y la corrupción que predominan en varios de esos centros de educación superior, algunos de los cuales son manejados como feudos por sus respectivos rectores y directivos.
Edición: Ana Ordaz
