Opinión
Normando Medina Castro
10/12/2025 | Chetumal, Quintana Roo
Las acciones claras, permanentes e inobjetables, en el combate al crimen organizado y a la delincuencia en general, como el reciente bloqueo de señal telefónica en 27 centros penitenciarios del país, desarticulan cualquier guerra sucia que pretenda el injerencismo norteamericano en México.
Es de conocimiento público que las extorsiones telefónicas y los hackeos de cuentas de WhatsApp tienen vínculos con personas recluídas en cárceles o centros de reinserción social del país, sin embargo no se habían tomado medidas para impedirlo en gobiernos anteriores, hasta que recientemente el Gabinete de Seguridad reveló a través del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch el bloqueo de señal telefónica en 27 prisiones del sistema penitenciario mexicano como parte de la Estrategia Nacional Contra la extorsión.
Esta medida se suma a las reformas a la ley para considerar la extorsión como delito grave, con penas de prisión hasta por 42 años, y se endurecen las sanciones penales contra servidores públicos que actúen en complicidad con los criminales. También es fundamental que la extorsión ahora se persiga por oficio, con atribuciones especiales de la federación, con el número 089 para denuncias anónimas, además de medidas concretas para la atención de las víctimas. La ley establece castigos severos a quienes introduzcan dispositivos electrónicos en prisiones.
La salida de Alejandro Gertz Manero como Fiscal General de la República y la entrada de Ernestina Godoy Ramos al relevo, implica un saneamiento del equipo operativo y administrativo de la FGR, así como una mayor coordinación con la SSPC. Ya hubo dos cambios fundamentales: salieron Felipe de Jesús Gallo y Alfredo Higuera Bernal, titulares de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) respectivamente. En la AIC quedó como titular Héctor Elizalde Mora, y en la FEMDO, César Olivares Aparicio, ambos colaboraron en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. La derecha y la ultraderecha mexicana en sus afanes desestabilizadores exigían más dureza en el combate a la delincuencia, a pesar de la reducción de delitos de alto impacto en el actual gobierno. La titular de la FGR no deja lugar a dudas al manifestar que su misión es “servir al pueblo de México con ética, firmeza y profundo sentido de justicia”. Los deseos de la oposición ahora parecen su pesadilla.
En 2027 estarán en disputa 17 gobernaturas, 12 tienen las siglas de Morena, tres del PAN, una del Verde y otra de MC. En Quintana Roo, aunque formalmente aparece Morena como gobernante, el Verde ejerce el poder y tiene el control. El Verde no sigue ninguno de los valores obradoristas, son neoliberales, en su mayoría aspiracionistas, sin empatía ni solidaridad, vencidos por la soberbia y la codicia. En la estructura del gobierno estatal hay mucho nepotismo, amiguismo, impericia y corrupción. Lo mismo en los poderes legislativo y judicial. Son tan ajenos a Morena que ven con odio a Rafael Marín Mollinedo y manifiestan su intolerancia por quienes simpaticen con él y los llaman “traidores”. Flaco favor le hacen a su candidato Gino Segura, quien asistió al “informe” pre-destape para Tulum de Kike Vásquez, ganador del repudio generalizado. En fin, son cosas que pasan en nuestro país y en nuestro caribeño Estado.
¡Hasta la próxima!
Edición: Fernando Sierra
