Opinión
Margarita Ángeles González
16/02/2026 | Mérida, Yucatán
El conflicto por la construcción del "Paso Deprimido" de la Glorieta de la Paz, fue una crisis de gobernanza urbana en el 2011, generada por la imposición de una obra vial por parte del Ayuntamiento, que derivó en violentos enfrentamientos el 4 de julio de ese mismo año entre ciudadanía y presuntos trabajadores de la constructora, quienes agredieron a los manifestantes con golpes, gas lacrimógeno y avances de su maquinaria de construcción, bajo la mirada indiferente de las autoridades, pero con gran repercusión en las redes sociales.
La “Glorieta de la Paz”, se localiza en la intersección de la Colonia México y la prolongación del Paseo de Montejo, en una de las zonas más emblemáticas y tradicionales del norte de Mérida, fundada en la década de 1940, la zona fue catalogada por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) como una zona de patrimonio arquitectónico y urbanístico del siglo XX, la cual, en ese momento, aún conservaba características.
Sin embargo, a diferencia de la arquitectura colonial y del porfiriato en Mérida, cuyas trazas y monumentos, se encuentran directamente protegidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). La arquitectura y traza del siglo XX, a pesar de ser reconocida a nivel nacional y local la obligatoriedad de su conservación no se establece en el marco normativo ni institucional de una manera tan explícita, quedando su preservación y valor, en la mayoría de los casos, a merced de la voluntad de las autoridades locales, independientemente del sentir de la ciudadanía.
Iniciando la historia del conflicto, el 9 de mayo del 2011, mediante una rueda de prensa, la Presidenta Municipal, Angélica Araujo Lara, presentó un Plan de Reordenamiento Vial, ante representantes del Gobierno del Estado, cámaras empresariales, colegios de profesionales y ciudadanía en general; cuya primera etapa, constaba del paso subterráneo que se construiría en la zona de la Glorieta de la Paz. En donde la intención principal era el incremento de la velocidad de circulación vehicular en ese cruce.
Proyecto que, la Presidenta Municipal mencionó, ya había obtenido el respaldo del Cabildo, con un presupuesto poco mayor a los 70 millones de pesos.
Desde el inicio, el proyecto enfrentó una fuerte oposición ciudadana, tanto de los vecinos y comerciantes de la zona, como de especialistas, destacan las intervenciones de defensa por parte de ICOMOS y del Colegio Yucateco de Arquitectos, que enviaron escritos al Municipio solicitando se pausara el avance de la obra, para análisis y rediseño del mismo. Ambas asociaciones coincidían en que el conflicto vial que el Municipio presentaba para justificar el proyecto, no existía en la gravedad que estaban manifestando, y podría haber sido resuelto más fácilmente con señaléticas adecuadas y manejo de vías alternas. También denunciaban que el proyecto privilegiaba al vehículo motorizado por sobre el peatón y la bicicleta, convirtiendo una avenida residencial, en una vía rápida; alertaron que las excavaciones profundas, con un nivel freático tan alto, afectarían las estructuras circundantes.
En respuesta, la Alcaldía mencionó que realizaron los estudios viales con software de primer nivel, así como enfatizaron el haber cumplido con las audiencias públicas correspondientes, por lo que no tenían intención de modificar o parar el proyecto. Como está registrado en la memoria, se comenzó a construir a menos de dos meses de su presentación pública, dando lugar a las protestas ciudadanas y al fatídico 4 de julio con el enfrentamiento violento descrito al inicio. Como saldo de dicho conflicto, no se dio continuidad a los demás proyectos de pasos deprimidos que se tenían contemplados en el Plan de Vialidad.
Actualmente, el proceso de 2011 es recordado por la resistencia civil que rodeó la inauguración del distribuidor vial de Prolongación Montejo, lo que marcó un antes y un después en cómo se gestiona la participación ciudadana en obras públicas en la ciudad.
Edición: Ana Ordaz
