Opinión
La Jornada
16/12/2025 | Ciudad de México
Sorteando los chantajes y los excesos verbales característicos de Donald Trump, el
gobierno mexicano logró alcanzar un acuerdo con Washington para dar cumplimiento al Tratado de Aguas que regula desde 1944 el aprovechamiento bilateral del río Bravo. Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum dio detalles sobre esa solución, al destacar que en la entrega de líquido a la nación vecina se tendrán en cuenta los volúmenes de precipitación pluvial, a fin de no comprometer a México a entregar el agua que no tiene, si bien nuestro país refrenda su voluntad de ir saldando los adeudos hídricos que se han ido acumulando debido a la sequía.
En forma paralela, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) anunció la concreción de un nuevo acuerdo entre los dos gobiernos para hacer frente al problema de aguas residuales que se presenta en el río Tijuana. El convenio incluye proyectos de infraestructura, investigación, monitoreo y mantenimiento de sitios y sistemas críticos. La dependencia afirmó que la solución se logró en un tiempo récord, antes de la fecha límite prevista en un memorando de entendimiento firmado en julio pasado por la EPA y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La negociación exitosa de ambos asuntos hídricos fronterizos ratifica que el gobierno de México está aplicando una fórmula correcta en la solución de las cuestiones bilaterales: ignorar amenazas, improperios y falsas acusaciones procedentes de la Casa Blanca –que, de encontrar respuesta en un tono análogo llevarían a agravar los conflictos hasta hacerlos irresolubles– y construir salidas negociadas benéficas para ambos países.
Por otra parte, no debe perderse de vista que el uso de los recursos hídricos es un desafío cada vez más complicado en el mundo de hoy, conforme se reducen las fuentes de agua dulce en el planeta. Se requiere garantizar el abasto suficiente, justo y transparente para poblaciones, plantaciones e industrias, y al mismo tiempo es preciso evitar disputas internacionales por el control de las aguas compartidas, disputas que incluso se han ido constituyendo en un generador de guerras.
En el primero de esos aspectos, la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la expedición de la Ley General de Aguas, promulgadas ambas hace unos días, son un paso importante hacia un manejo hídrico con sentido social y público, que establece el derecho humano al agua y la prioridad para la producción agroalimentaria.
En el segundo, los acuerdos referidos –sobre el líquido del Bravo y las aguas residuales del Tijuana– son un ejemplo de solución satisfactoria que, junto con las construidas en otros ámbitos con la temperamental administración trumpiana, pueden marcar el ritmo para la negociación más importante, que es sin duda la que corresponde al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y que habrá de desarrollarse en los meses próximos.
Edición: Ana Ordaz
