Tren Transístmico: tragedia y deberes

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que “la recuperación de los heridos y el acompañamiento a las familias de personas fallecidas”, “esclarecer con mucho rigor lo que ocurrió”, así como garantizar la seguridad del tren para reanudar sus operaciones son, en ese orden, son las máximas prioridades de su gobierno en torno al descarrilamiento de un convoy del Tren Transístmico que dejó 13 muertos y decenas de lesionados el domingo 28 en Oaxaca. La titular del Ejecutivo también explicó que la Fiscalía General de la República y la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario ya realizan las investigaciones correspondientes dentro de sus respectivas competencias, y llamó a evitar especulaciones en torno a las causas en tanto no se disponga de datos.

El Estado mexicano debe empeñar todas sus capacidades en el cumplimiento de la promesa presidencial de atender sin regateos a todas las víctimas, ya sean sobrevivientes o deudos de los fallecidos. Ello comprende la prestación de los mejores servicios médicos y sicológicos disponibles para acompañarlos en este proceso traumático, así como las indemnizaciones debidas a quienes sufrieron secuelas físicas o emocionales. Un aspecto fundamental de la justicia para las víctimas reside en el esclarecimiento del o los factores que derivaron en la salida de las vías de la locomotora, para lo cual es urgente investigar con el máximo rigor, deslindar responsabilidades y, si las indagatorias llevan a ello, sancionar a quienes resulten culpables por acción u omisión.

Especular y atribuir responsabilidades antes de contar con información precisa y comprobable es una actitud irresponsable que no abona a la justicia, sino a la confusión, y multiplica de manera cruel el dolor de las víctimas. La campaña para sacar réditos a una situación tan infortunada es deleznable pero predecible, en tanto el afán de capitalizar situaciones trágicas se encuentra integrado en el manual con que sectores opositores porfían en instalar una percepción de desorden, caos e ingobernabilidad que no se corresponde con la realidad. Como ha ocurrido una y otra vez desde que la derecha se encuentra en la oposición, el golpeteo político-mediático no sólo intenta derribar al gobierno, sino a la obra misma, un propósito cuya consecución sería muy lamentable por la evidente necesidad económica y social de un proyecto en el que se cifran tantas expectativas de desarrollo para una de las regiones del país más abandonadas durante el periodo neoliberal.

Se comprueba, una vez más, que a esta oposición no le importan los ciudadanos ni la verdad. Basten dos botones de muestra para desnudar las falacias contra las obras de infraestructura emblemáticas impulsadas por la Cuarta Transformación: la virulenta campaña pretendidamente ambientalista lanzada en contra de la construcción del Tren Maya y el golpeteo mediático y jurídico para tratar de impedir la realización del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; y aunque esa terminal aérea se terminó en tiempo y forma, se ha tratado de imponer la versión de que no tiene usuarios y que las aerolíneas que operan allí fueron forzadas por el gobierno. En suma, es obligación de las autoridades reparar el daño, hacer justicia y emprender todas las acciones pertinentes para reducir el riesgo de nuevos incidentes; reducir, no eliminar, pues esto es imposible aquí o en cualquier otro país.

A su vez, los medios de comunicación tienen el imperativo ético de dirigirse a sus audiencias con la mejor información disponible y de evitar la mentira, la calumnia y la manipulación, un deber que ha sido ignorado por la mayoría de los comunicadores y las empresas que los emplean.

Edición: Ana Ordaz