Opinión
La Jornada Maya
13/01/2026 | Mérida, Yucatán
Sin duda, la detención del rector de una universidad es una noticia que sorprende, y este lunes
fue arrestado precisamente el de la máxima casa de estudios del estado de Campeche (UACAM). Los motivos han resultado contradictorios: primero se dijo que por corrupción, después circuló la versión de que “alguien” había visto un arma en la camioneta en la cual viajaba con su esposa y su chofer, y finalmente porque al revisarse el vehículo se encontró una cantidad de droga, de la cual no se dijo cuánta.
Para pocos es secreto que las universidades suelen ser vistas como botín político y áreas que deben ser controladas por la autoridad del Ejecutivo. La autonomía y la libertad de cátedra son nociones que espantan a más de un partidario del totalitarismo, por más embozado que éste se encuentre, y en nombre del proyecto del grupo se busca imponer planes de estudio, limitar la discusión de ideas y definir tajantemente el perfil de egreso de sus estudiantes. Pero también se han dado historias de abusos que, cuando se saben, superan los límites de lo imaginable.
Rectores incómodos al poder político los ha habido a lo largo de toda la historia de las universidades públicas concebidas como instituciones para las masas. El mayor ejemplo es Javier Barros Sierra, convocando y poniéndose al frente de una marcha el 1 de agosto de 1968, en protesta contra el ataque a la Preparatoria 1 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y la destrucción de su puerta con una bazuca. Pero también, cuando se dieron las condiciones para “La estafa maestra”, varios aprovecharon para inmiscuirse en un esquema de corrupción que distrajo casi 8 mil millones de pesos.
En el caso de Campeche, debe recordarse que el hoy destituido rector fue incómodo para el gobierno estatal desde su primer ejercicio del cargo. A raíz de haber invitado, en 1997, a la entonces candidata Layda Sansores San Román a visitar la UACAM y exponer sus propuestas en el proceso electoral de ese año, fue destituido del cargo. Resulta irónico que el gobierno actual, de Layda Sansores, se encuentre en polémicas justo con dos personas que cuestionaron el orden priista en esa entidad: José Alberto Abud Flores y Jorge González Valdez, quien fuera director del diario Tribuna.
La rapidez con que el Consejo Universitario de la UACAM se reunió y nombró a una nueva rectora -cuando ni siquiera está definida la situación jurídica de Abud Flores y también a pesar de la protesta publicada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) -deja ver que la lucha por el control de esa casa de estudios está desatada y poco importa incluso el pronunciamiento del personal académico de la UACAM, que tacha de falaces e infames los argumentos de la detención.
Queda pues, cuestionar si la causa para la destitución del rector es “grave”, y entonces se cumple la causal contemplada en el Reglamento del H. Consejo Universitario de la UACAM. Incluso está en duda la validez de la convocatoria, toda vez que no se hizo público si la realizó el decano de profesores, como establece el mismo Reglamento.
Mientras, ha quedado trastocada la vida universitaria y todo pinta a que la UACAM se pinte de guinda.
Edición: Fernando Sierra
