Mérida se expande. Basta con conducir unos minutos hacia cualquier dirección para toparnos con nuevos fraccionamientos, privadas y desarrollos que prometen modernidad y bienestar. Sin embargo, es evidente que el crecimiento no siempre equivale a construir una mejor ciudad.
En las últimas dos décadas, la mancha urbana de Mérida se duplicó, ya que pasó de poco más de 21 mil hectáreas, en el año 2000, a más de 42 mil, en 2020, de acuerdo con información recientemente difundida por la revista UNAM Global. Este avance territorial supera el ritmo de crecimiento de la población, según la misma fuente, lo que evidencia un patrón disperso e ineficiente.
La ciudad devora más suelo, pero no necesariamente mejora la vida de quienes la habitamos. Aquí radica el primer desafío de gobernanza: ¿quién decide cómo y hacia dónde crece Mérida? Aunque existen planes y normas, las decisiones reales responden más a la presión del mercado inmobiliario que a una visión estratégica. Cambios de uso de suelo y autorizaciones se aprueban de forma fragmentada, sin evaluar impactos acumulativos ni priorizar el interés público.
Una gobernanza efectiva podría revertir esto mediante procesos participativos y transparentes, en la que instancias municipales, estatales y federales se coordinen con la sociedad civil para alinear el desarrollo con metas colectivas de sostenibilidad y equidad.
La expansión genera costos elevados. Cada nuevo fraccionamiento demanda calles, alumbrado, agua, drenaje, recolección de basura, transporte y seguridad. Aunque los desarrollos sean privados, sus costos operativos recaen en el erario, encareciendo la ciudad para todas y todos. A mayor distancia, mayor gasto gubernamental y peores servicios. Una gobernanza robusta mitiga estos riesgos al exigir contribuciones proporcionales de los desarrolladores y al invertir en infraestructuras eficientes que optimicen recursos.
Además, fomenta la dependencia del automóvil. Viviendas alejadas de empleos, escuelas, hospitales y espacios de ocio alargan traslados, saturan vialidades y contaminan el aire. Mérida sufre más congestión, estrés y el desembolso de las familias aumenta, junto con la pérdida de áreas verdes y el recalentamiento urbano. La gobernanza promueve alternativas como el transporte público integrado y la densificación inteligente, reduciendo emisiones y mejorando la movilidad.
La metropolización agrava la segregación socio-territorial. Desarrollos de alto valor se concentran al norte de Mérida, mientras el sur y el poniente albergan a poblaciones vulnerables con servicios precarios, reproduciendo desigualdades históricas. Una gobernanza inclusiva contrarresta esto mediante políticas redistributivas, como incentivos para vivienda mixta y acceso equitativo a servicios.
Todo lo anterior se agrava por la falta de coordinación metropolitana y planeación a largo plazo. Mérida trasciende sus límites municipales, involucrando dinámicas ambientales y sociales complejas en territorios vecinos. Aquí, la gobernanza metropolitana emerge como solución: instituciones colaborativas que integren visiones intermunicipales, con mecanismos de rendición de cuentas y participación ciudadana.
Repensar la expansión de Mérida no es un tecnicismo menor, sino una decisión política impostergable. Una gobernanza fuerte permite elegir entre una ciudad sin límites o una consolidada, densificada y habitable. Porque, cuando crecer implica más tráfico, calor y distancia, debemos preguntarnos si estamos progresando o solo expandiéndonos.
