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El viernes pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) liberó 3 millones de páginas de los archivos sobre el caso de Jeffrey Epstein, el millonario pedófilo que organizó una red internacional de abuso a menores y se mantuvo impune durante décadas gracias a sus altas conexiones en los ámbitos empresarial, político, mediático, judicial, académico, cultural y artístico. Mediante carisma, mecenazgo y el uso de sus víctimas como “regalos”, Epstein se vinculó con todas las cúpulas, desde las casas reales europeas hasta algunos prominentes pensadores, pasando por otros magnates que compartían su afición por las “mujeres jóvenes”, como expresó su amigo, el presidente Donald Trump.

La publicación masiva de los documentos relativos al financiero que murió en agosto de 2019 en circunstancias sumamente sospechosas ha permitido asomarse al sórdido mundo de los ultrarricos, donde el único principio es el dinero y las niñas y adolescentes que son abusadas de forma tan sistemática como impune. Sin embargo, las maniobras del DOJ para retrasar lo más posible la difusión de los archivos, la descarada censura de los mismos a fin de ocultar casi toda información relevante, los juegos de poder de la clase política estadunidense y las falencias éticas de muchos medios de comunicación han convertido lo que debería ser un ejercicio de transparencia y justicia en una deplorable pelea de lodo. Esta deriva es notoria en las trincheras de los partidos Demócrata y Republicano, cuyos integrantes, al verse manchados por el escándalo, no dimiten de sus puestos ni esclarecen sus vínculos con Epstein, sino que se centran en hacer que sean sus contrincantes quienes queden más embarrados. En la dinámica de la pornografía periodística, quedan al mismo nivel quienes viajaron en el avión privado del pedófilo, asistieron a sus fiestas y se hospedaron en su casa, y quienes son mencionados de forma circunstancial sin que exista indicio alguno de conducta indebida.

Con la última tanda de documentos publicados, la guerra de fango llegó a México. En julio o agosto de 2018, y de nueva cuenta en julio de 2019, un ciudadano estadunidense identificado como Kenneth Darrell Turner contactó a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de su país para proveer información acerca de una red de explotación de menores en la que habrían participado el ex embajador de Washington en México Earl Anthony Wayne (2011-2015) y Richard Marcinko, fallecido comandante de un cuerpo de élite de la Marina. De acuerdo con la versión de Turner, en 2014 el diplomático acudió a una “fiesta” en una residencia administrada por el consulado estadunidense en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde embarazó a una niña de 11 años. En su declaración, Turner asegura que consultó al presidente de México antes de compartir sus informes con la FBI, y que el mandatario estaba “muy consciente” del asunto, pero no aclara si se refiere a Enrique Peña Nieto (quien gobernaba cuando realizó su primer contacto con el organismo de inteligencia) o a Andrés Manuel López Obrador, titular del Ejecutivo en 2019. Ninguno de ellos es mencionado en los documentos correspondientes; el nombre de Epstein únicamente aparece porque, se dice, Marcinko habría tratado de extorsionarlo con videos donde sostenía relaciones con menores.

Aunque Turner afirma que un embajador estadunidense en nuestro país violó a una niña de apenas 11 años, que el diplomático estaba vinculado con 10 mil cintas de pornografía infantil y que agentes de la superpotencia asesinaron a un juez mexicano y trataron de eliminar al informante y su equipo para encubrir el caso, periodistas y medios de comunicación mexicanos pasaron todo por alto para centrarse en que “López Obrador conocía las actividades de Epstein”. La elección de prioridades y la falta de sustento para un señalamiento de esa envergadura dicen todo lo que es necesario saber sobre el sector de una prensa sensacionalista y tan enemiga de la verdad como del político tabasqueño.

Poco puede esperarse de un Departamento de Justicia convertido por Trump en una estructura mafiosa al servicio de sus venganzas personales, pero los comunicadores de ambos lados de la frontera harían bien en recordar que su comportamiento faccioso y su desinterés por la veracidad no sólo desprestigia a su oficio, sino, ante todo, daña a las víctimas y facilita a los victimarios ocultarse tras la pantalla de la indignación devenida en espectáculo.


Edición: Ana Ordaz


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