Opinión
La Jornada
11/03/2026 | Ciudad de México
Las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron por unanimidad la reforma al artículo 127 constitucional, que pone límite a las pensiones de altos mandos de empresas estatales, organismos públicos y banca de desarrollo y ajusta las jubilaciones millonarias actuales de los ex funcionarios de esos organismos, con lo que se espera un ahorro de 5 mil millones de pesos al año. De acuerdo con el texto que se debatirá hoy en el pleno de la Cámara alta, los ex funcionarios que ahora perciben hasta un millón de pesos pasarán a recibir alrededor de 70 mil, equivalentes a la mitad de la remuneración de “la persona titular del Poder Ejecutivo”.
El aspecto más trascendental de la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la manera en que le han dado cauce los legisladores reside en constatar que hoy día ya ninguna fuerza partidista se atreve a defender las pensiones obscenas de la burocracia dorada, ni siquiera los partidos que crearon ese régimen de privilegios para enriquecerse a sí mismos, a parientes y amigos y construir lealtades políticas a expensas de la nación. El hecho de que los antiguos saqueadores se plieguen a poner fin al expolio es revelador de la transformación que han experimentado la conciencia ciudadana y la cultura política en los recientes siete años. Cabe recordar, por ejemplo, el dramatismo y la autoconmiseración con que, a principios del sexenio pasado, Vicente Fox defendió –inútilmente– las abultadas e injustificables pensiones para ex presidentes que hasta 2018 eran parte de la normalidad administrativa. Pero si hasta ese año los privilegios de los gobernantes se habían naturalizado en nombre del orden tecnocrático y oligárquico, hoy un actor o grupo político que pretendiese perpetuarlos se condenaría a un repudio multitudinario.
Sin embargo, el entendimiento de los partidos no se refleja en todos sus integrantes, entre los cuales todavía quedan quienes se empecinan en excusar el pillaje. Así, la senadora Carolina Viggiano criticó que aplicar la reforma con efectos retroactivos perjudica a los ex funcionarios e implica negarse a cumplir contratos ya signados por el gobierno. La que también funge de secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI denunció que por “unos cuantos pesos se está poniendo en riesgo el principio de legalidad”. Se trata de afirmaciones mentirosas en tanto la iniciativa halla sustento en el artículo 134 de la Carta Magna sobre la administración de los recursos públicos y en jurisprudencia dictada por la Suprema Corte, pero, ante todo, de una exhibición de la legisladora de su carencia de sensibilidad social y rampante desprecio hacia las demandas populares.
Al margen de ése y otros desfiguros, la aprobación unánime en comisiones y el respaldo abrumador que con seguridad la iniciativa obtendrá en el pleno representan avances incuestionables para la institucionalización de la austeridad republicana, la decencia y el combate a la desigualdad. En esta reforma resuena uno de los discursos fundadores de México, los Sentimientos de la Nación de José María Morelos y Pavón, cuyo inciso decimosegundo exhorta a dictar leyes que moderen la opulencia y la indigencia y alejen la rapiña y el hurto, prácticas que en el periodo neoliberal fueron legalizadas y legitimadas.
Edición: Ana Ordaz
