En el sureste mexicano, está por concluir uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país: el Tren Maya. Anunciado en 2018 e iniciando operaciones formalmente en 2020, el proyecto fue planteado originalmente con un costo estimado de 150 mil millones de pesos, de acuerdo con estimaciones iniciales del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR). Sin embargo, con el paso del tiempo según las cifras oficiales reportadas en informes oficiales y análisis presupuestarios recientes, la inversión pública ha superado los 300 mil millones de pesos. La apuesta ha sido clara desde su inicio: detonar el crecimiento económico en una región históricamente rezagada. Hoy, a medida que el proyecto entra en su fase final, la pregunta de fondo cobra mayor relevancia: ¿más inversión pública significa automáticamente más bienestar?
Sin embargo, los datos muestran una realidad más compleja. Durante el periodo 2003-2017, Quintana Roo registró un crecimiento económico promedio anual cercano al 4.8 por ciento, mientras que Yucatán creció alrededor de 3.1 por ciento. En contraste, Campeche, altamente dependiente del petróleo) experimentó una caída promedio anual de -4.5 por ciento (INEGI). Esto revela que no todas las economías crecen igual, ni por las mismas razones.
Más recientemente, tras la reactivación económica posterior a la pandemia, el dinamismo del sureste volvió a destacar: entre 2022 y 2024, Quintana Roo creció en promedio anual cercano 7.5 por ciento, Yucatán alrededor del 4.2 y Campeche aproximadamente 6.8 por ciento, todos por encima del promedio nacional estimado en torno al 3.0 por ciento (INEGI). Este desempeño refleja el rebote pospandemia así como una tendencia reciente hacia la normalización del crecimiento. Sin embargo, estos repuntes responden en gran medida a sectores específicos como el turismo y la construcción, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad de largo plazo.
En este contexto, el Tren Maya aparece como un motor potencial del crecimiento regional. Con más de mil 500 kilómetros de extensión, el proyecto busca mejorar la conectividad, atraer inversión y generar empleo. A la par, ya se encuentra en operación y ha comenzado a movilizar pasajeros y turistas: desde su inicio, ha transportado a más de 1.7 millones de personas. Sin embargo, su funcionamiento también revela desafíos estructurales, pues hacia 2026 el proyecto opera con aproximadamente 96 por ciento de subsidios públicos, lo que significa que aún no es autosuficiente en términos financieros. En este sentido, su impacto en el crecimiento no depende únicamente del monto de inversión o de su nivel de operación, sino de cómo se gestionan sus efectos económicos, sociales y ambientales.
El sureste mexicano es una región con alta riqueza natural, pero también con una fuerte fragilidad ecológica. Selvas cenotes y sistemas kársticos hacen que cualquier proceso de expansión económica tenga implicaciones ambientales de largo alcance. De hecho, estimaciones recientes indican que la construcción de infraestructura y el cambio de uso de suelo asociados al proyecto han implicado la pérdida de miles de hectáreas de cobertura forestal en la región. Esto significa que el crecimiento económico no es gratuito: implica costos que muchas veces no se reflejan en las cifras del PIB.
Aquí es donde la gobernanza adquiere un papel central. No se trata solo de cuánto se invierte, sino de cómo se toman las decisiones, quién participa en ellas y qué mecanismos existen para anticipar, gestionar y corregir los impactos de desarrollo. Sin transparencia y sin capacidades institucionales sólidas, incluso los proyectos más ambiciosos pueden traducirse en beneficios limitados o en costos sociales y ambientales.
En este sentido, la evidencia es clara: una mayor inversión pública no garantiza por sí misma mayor bienestar. Su impacto depende de la calidad de las instituciones que las gestionan y de su calidad para equilibrar crecimiento económico con sostenibilidad ambiental y cohesión territorial. El desafío para el sureste mexicano no es únicamente invertir más, sino invertir mejor, bajo esquemas de gobernanza que permitan transformar el crecimiento en desarrollo sostenible de largo plazo.
