Áreas protegidas, corredores biológicos y especies silvestres

La política ambiental demanda una aproximación de carácter integral, que incorpore una perspectiva de sistemas complejos. Creo que esto no tiene vuelta de hoja. Sin embargo, nos las hemos arreglado para construir instituciones fragmentarias, a las que se les asignan aspectos del medio ambiente como si no tuviesen relación unos con otros. Esto conduce a procesos de toma de decisiones en las que la mano izquierda no suele saber lo que hace la derecha, de modo que resulta frecuente encontrarse con contradicciones entre las resoluciones de las diferentes dependencias, duplicación de esfuerzos, ineficacia, ineficiencia y despilfarro d ellos de por sí escasos recursos disponibles. Baste un botón de muestra: una organización civil con una larga y sólida experiencia en materia de manejo de áreas protegidas y especies en vida silvestre ha presentado a diferentes instancias de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales una propuesta que integra la evaluación del estado del arte en materia de Unidades de Conservación y Manejo Sustentable de Especies en Vida Silvestre (UMA), la operación porciones relevantes del Corredor Biológico Mesoamericano y la estrategia del país para el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de conservación de ecosistemas, comúnmente conocidos como el 30/30 (30 por ciento del territorio nacional sujeto a alguna categoría de conservación antes de que termine el año 2030), incluyendo las propuestas denominadas OMEC (Otras Medidas Eficaces de Conservación). Hasta ahora, lo único que ha logrado esta propuesta es un peregrinaje sin destino de una oficina a otra de la secretaría y sus órganos desconcentrados.

A primera vista, parecería lógico que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas encabezará la propuesta, en virtud de que es la instancia responsable de lograr el cumplimiento del objetivo 30/30. Pero la fragmentación estructural de las dependencias responsables de ejecutar la política ambiental hace que esto no resulte tan sencillo: las UMA son competencia del a Dirección General de Vida Silvestre, los corredores biológicos han estado tradicionalmente bajo el control de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y las nuevas OMEC están sujetas a la jurisdicción de un batiburrillo de agencias, dependiendo del régimen de propiedad en que se encuentran, los objetivos de manejo que pretenden y el tipo de organizaciones de la sociedad civil que las operan o proponen. Así, una propuesta que espera integrar todos estos instrumentos en un proyecto coherente se encuentra con que todas las dependencias involucradas aplauden su formulación y se dicen interesadas en su éxito, pero ninguna parece dispuesta a destinar recursos. Porque desde luego, llevarla a cabo costaría dinero.

A la hora de determinar qué instancia resultaría la más apropiada para respaldar financieramente la propuesta, resulta que algún aspecto de ella corresponda a otra agencia, lo que desata la dinámica de rebotes de despacho en despacho en que ahora se debate, a pesar del reconocimiento de todos de que los objetivos y la estrategia propuestos son coherentes y responden a las supuestas prioridades nacionales ya los compromisos que el país ha asumido internacionalmente. Desde mi punto de vista, la CONANP en su calidad de organismo desconcentrado, en coordinación con la CONABIO entidad responsable del conocimiento y uso de la biodiversidad en el territorio (y por cierto “joya de la corona” de las dependencias responsables de la tutela de los recursos naturales del país), tendrían que ser las agencias que encabezaron la ejecución de esta propuesta, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil pertinentes; y la secretaría de medio ambiente y recursos naturales, cabeza del sector, tiene la autoridad necesaria y suficiente para lograr que el resto de las agencias involucradas respondan eficazmente  a la directiva que marquen CONANP y CONABIO. Entiendo que la asignación de recursos es un reto administrativo, pero creo que una negociación robusta con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá generar las vías presupuestarias más adecuadas. Se trata, al final del día, de un tema de voluntad política.

Quizá la cuestión se vuelve más espinosa al tener en cuenta que la propuesta ha emanado de una organización no gubernamental. En un ambiente que no resulta particularmente apropiado para lograr una colaboración productiva entre agencias oficiales y ONG, parece un tanto ingenuo pensar que se destinen recursos del erario a respaldar una propuesta que nace de una organización conservacionista de la sociedad civil. Urge reconstruir los puentes entre el sector gubernamental, la sociedad civil organizada y los centros e institutos generadores de saber. Esa alianza, que parece encontrarse ahora bajo sospecha – en muchos casos, sin ton ni son – es fundamental no solamente para asegurar el éxito de proyectos complejos capaces de sostenerse más allá de las constricciones de los presupuestos anuales, sino también para abrir canales que permitan captar recursos provenientes de organismos internacionales, gobiernos de otros países, u organizaciones conservacionistas globales, que por cierto suelen estar ávidas de encontrar proyectos de conservación que demuestren contar con teorías de cambio consistentes, estrategias claras, y metas y objetivos nítidamente definidos. Todavía estamos a tiempo (queda casi un lustro completo) para demostrar que quienes nos encontramos interesados en lograr un país capaz de salvaguardar su patrimonio natural tome los pasos necesarios para lograrlo, al menos al calor del objetivo 30/30.

Edición: Fernando Sierra