Opinión
La Jornada Maya
24/03/2026 | Mérida, Yucatán
La mañana de este martes, Ernestina Godoy, fiscal general de la República, presentó en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum una iniciativa de reforma constitucional de una “Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio”, documento que ya debe encontrarse en el Senado.
La fiscal se refirió al feminicidio, no sólo como un delito, “sino como una grave violación a los derechos humanos que exige respuestas estructurales de todas las instituciones del Estado Mexicano, tanto en el ámbito legislativo de procuración de justicia como la implementación de políticas públicas integrales”; una visión que lleva el tema a un nivel mucho más complejo que el de un código penal. Precisamente por esto, la respuesta institucional que se exige implica acciones transversales, más que modificaciones simples en los protocolos de investigación.
Sin embargo, aquí es donde la iniciativa puede flaquear: se puede contar con un marco legislativo firme, pero si las agencias del Ministerio Público carecen de presupuesto ya no para establecer las unidades especializadas, sino para superar el rezago en las pesquisas del día a día. De poco servirá que, por protocolo, toda muerte violenta de una mujer deba investigarse como feminicidio, si la disponibilidad de agentes está rebasada por las denuncias por cualquier otro delito que hayan sido primeras en tiempo. La impunidad se combate precisamente fortaleciendo a las agencias investigadoras, a cuyo personal debe ofrecerse, además de la capacitación y certificación, estabilidad y dignidad laboral.
Debe enfatizarse la atención a las fiscalías y a las agencias del Ministerio Público, porque ya es lugar común la desatención y revictimización de que son objeto quienes acuden a interponer cualquier denuncia, no solamente por feminicidio. De nuevo: fortalecer esta parte de la ecuación debe traducirse en una atención empática.
Ahora, también es necesario establecer mecanismos de prevención en todo el país, y para ello sí debe ser sumamente benéfica la coordinación entre estados y federación. Todo lo que contribuya a evitar un feminicidio debe promoverse en todos los espacios disponibles.
Finalmente, en cuanto a la intervención de la Presidenta, dos expresiones llaman la atención. La primera, la afirmación de no creer “que haya nadie que se oponga a que la muerte violenta de una mujer sea investigada como feminicidio”. La polarización en las redes sociales puede darnos más de una sorpresa, lamentablemente. En segundo lugar, está la elección que hizo Sheinbaum en sus palabras inmediatas: “que haya protocolos para poder castigar al o la responsable”; sin duda, un reconocimiento de que la violencia feminicida no la ejercen solamente hombres, y una enorme tarea para las instituciones que quedarán a cargo de las investigaciones.
Edición: Fernando Sierra
