Opinión
Abner Martínez Chiclin
10/05/2026 | Mérida, Yucatán
México se encamina hacia el proceso electoral 2026-2027, que apunta a ser uno de los más complejos de su historia reciente. En esa jornada se renovarán la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y más de 2 mil presidencias municipales.
Pero hay un elemento adicional que no es menor: se llevará a cabo la segunda elección de jueces y magistrados del Poder Judicial, lo que anticipa una votación con muchas más boletas y una logística particularmente exigente.
La jornada electoral, prevista para el 6 de junio de 2027, no solo será amplia en su alcance, sino también en los desafíos que implicará organizarla y llevarla a buen puerto.
Ante este escenario, resulta pertinente hablar de la gobernanza electoral. De acuerdo con Mozaffar y Schedler (2003), esta puede entenderse como el conjunto de actividades que construyen y sostienen el marco institucional en el que se desarrollan las elecciones. En otras palabras, no se trata solo de votar, sino de todo lo que hace posible que ese voto tenga sentido, validez y legitimidad.
La gobernanza electoral opera en tres niveles. El primero es el diseño institucional: las reglas del juego. Aquí se define quién puede votar, quién puede competir, cómo se financian las campañas y cómo se cuentan los votos. Sin reglas claras, no hay certeza.
El segundo nivel es la organización electoral, es decir, la aplicación de esas reglas. Esto implica desde instalar casillas hasta capacitar funcionarios y garantizar que el proceso se desarrolle con eficiencia, neutralidad y transparencia.
El tercer nivel es la resolución de conflictos. Toda elección genera disputas, y por ello es indispensable contar con mecanismos imparciales y eficaces que permitan resolverlas sin poner en riesgo la estabilidad política.
En México, esta estructura institucional es robusta, pero también exigente. El Instituto Nacional Electoral (INE) encabeza la organización de las elecciones federales y coordina las locales junto con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). En el ámbito jurisdiccional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es la máxima autoridad para resolver controversias, mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) interviene en acciones de inconstitucionalidad en materia electoral.
A nivel local, existen tribunales electorales especializados que atienden las controversias en cada entidad. Además, la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL) tiene la tarea de investigar y perseguir conductas ilícitas que puedan vulnerar la legalidad de los comicios.
La reciente reforma que introduce la elección popular de jueces y magistrados añade un nuevo grado de complejidad. No solo amplía la carga operativa de las autoridades electorales, sino que también abre el debate sobre los límites entre justicia y política.
En este sentido, la confianza en las instituciones será clave. Esta se construye todos los días a partir de decisiones técnicas, pero también de percepciones públicas. De poco sirve contar con un diseño institucional firme si la ciudadanía percibe parcialidad, ineficiencia o lejanía en las autoridades. La legitimidad electoral no solo se gana en las urnas, sino en cada etapa del proceso. Conocer qué autoridades existen y cuáles son sus funciones no es un asunto técnico reservado a especialistas, sino una condición necesaria para ejercer una ciudadanía informada.
Es importante reconocer que la gobernanza electoral no es responsabilidad exclusiva de las autoridades. Los partidos políticos, las candidaturas, los medios de comunicación y la propia ciudadanía desempeñan un papel fundamental en la participación en el proceso electoral, en el respeto a las reglas, en la aceptación de los resultados y en la conducción de los conflictos por la vía institucional. Sin corresponsabilidad democrática, cualquier diseño institucional resulta insuficiente.
No basta con que las instituciones funcionen; es indispensable que la ciudadanía las entienda, las vigile y, sobre todo, confíe en ellas. La gobernanza electoral no se limita a organizar elecciones; es, en esencia, el andamiaje que sostiene la democracia. Su fortaleza —o debilidad— se reflejará directamente en la credibilidad de los resultados y en la estabilidad del país en los años por venir.
Edición: Fernando Sierra
