Política
La Jornada Maya
18/05/2026 | Ciudad de México
El gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa se ha ganado por lo menos una palabra para describirlo: cuestionable. Y por lo menos en el último mes, a raíz de la solicitud que hizo Estados Unidos para detenerlo con fines de extradición, junto con otras nueve personas que integran o han formado parte de su gabinete, podríamos agregar también el vocablo “sospechoso”.
Constitucionalmente, a nadie se le puede señalar como delincuente a menos que haya sido sentenciado en un juzgado. Pero hasta el momento se han dado varios indicios que en apariencia conducirán a la aprehensión y deportación del hoy gobernador con licencia. El congelamiento de sus cuentas bancarias, junto con las de sus hijos y otros implicados en la solicitud estadunidense, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bien podrían interpretarse como señales de que a Rocha Moya “le están tendiendo la cama”.
Sin embargo, esta criogenia financiera preventiva se da debido a la comunicación entre bancos mexicanos y de Estados Unidos, no porque la UIF tenga una averiguación en curso contra la clase política sinaloense.
Con el mero anuncio del congelamiento de cuentas, ya han saltado quienes claman por la extradición inmediata de Rocha Moya y demás colaboradores, sin considerar que la incautación no es definitiva, pues la misma ley que la establece marca también las garantías de audiencia y otros recursos para dejar sin efectos la medida. Eso sí, hacerlos valer implica también un desgaste para quienes buscan defenderse.
Por otra parte, insistir en la extradición ipso facto de Rocha Moya es también perder de vista la oportunidad para hacer cumplir el tratado que México y Estados Unidos mantienen en la materia, pues los vecinos del norte han negado 36 solicitudes de remitir a igual número de personas, y en todas ellas se ha alegado, igualmente, falta de pruebas. Es hasta irresponsable suponer que sólo las autoridades mexicanas “fabrican” expedientes y persiguen sin contar con los suficientes elementos probatorios.
Mientras tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) ya adelantó que integrará en un solo expediente los casos que han resultado más sonados en Sinaloa y que involucran a Rocha Moya, como el secuestro de Ismael El Mayo Zambada; el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex rector de la Universidad Autónoma de esa entidad (UAS), y las irregularidades reportadas en el proceso electoral de 2021, el cual resultó precisamente en la llegada de Rubén Rocha a la gubernatura.
Sumemos que, motu propio, Gerardo Mérida y Enrique Díaz, ex secretarios de Seguridad Pública y de Administración de Sinaloa, precisamente con Rocha Moya, se entregaron a las autoridades de Estados Unidos, y ya se supone que buscarán acogerse a mecanismos de protección de testigos o colaboración. Pero también cabe la posibilidad de que, previamente asesorados, ya tengan un equipo de defensa legal y busquen exponer los argumentos que los supriman de la lista de candidatos a la extradición.
Ahora, en cuanto a criterios numéricos y, por lo tanto, medibles, la colaboración entre Estados Unidos y México ha rendido muy buenos frutos en lo que refiere al combate al crimen organizado y el tráfico de enervantes. La coordinación es deseable y también que, cuando sea necesario, la extradición sea un mecanismo claro y su justificación sea técnicamente legal y no políticamente necesaria, como parece ser también en el caso de Sinaloa.
Edición: Estefanía Cardeña
