Mahahual: no hay que echar las campanas al vuelo

Quiero empezar por dejar claro que aplaudo la decisión de la secretaria Bárcena de anunciar que no se aprobará el proyecto Perfect Day de Royal Caribbean. Pero no puedo evitar la sensación de que aún no hay muchos motivos para echar las campanas al vuelo: además de que hay intereses poderosos en Quintana Roo empeñados en retener la inversión prometida por la empresa promovente, y que al parecer también cuenta con el apoyo de los gobiernos estatal y municipal, el procedimiento formal de evaluación del impacto ambiental de la propuesta aún no ha terminado. Entiendo que la Semarnat no ha evaluado una manifestación de impacto ambiental, sino que la ha desechado en virtud de que se presentó un proyecto fragmentado, en lugar de un análisis integral, y ha otorgado a la empresa promovente un plazo determinado para presentar otro procedimiento de impacto, con las características que permitan una evaluación rigurosa. Una vez terminado el proceso, la autoridad deberá emitir un dictamen aprobando o rechazando el proyecto, o autorizándolo de manera condicionada, estipulando qué ajustes o adiciones deberá contener para que se permita su ejecución. Este dictamen tendrá que ser debidamente fundado y motivado, tanto técnica como jurídicamente. Sólo entonces, si la Semarnat emite un dictamen que establezca sin cortapisas que el proyecto de “Perfect Day” no resulta viable, podrá considerarse que el asunto ha quedado definitivamente zanjado. Claro está que, a la luz de la postura expresa de la secretaria, Royal Caribbean podría desistirse de realizar el proyecto, sin que haga falta emprender un proceso formal de evaluación de impacto. Dudo que esto suceda.

Uno de los argumentos que se han esgrimido con más frecuencia, a veces de manera furibunda, para defender el proyecto de “Perfect Day” ha sido que, al decir que no será aprobado, se ha cancelado una vez más la oportunidad para desencadenar un proceso de desarrollo para el sur del estado de Quintana Roo, favoreciendo de nuevo el crecimiento de norte comprendido entre Tulum y Holbox. El argumento es falaz al menos por dos razones: el estado mexicano – así como muchas organizaciones ambientalistas, académicos y personas genuinamente interesadas, consideran que deben buscarse formas de desarrollo para el sur quintanarroense que no repitan la catástrofe ambiental que ha significado el voraz crecimiento (que no desarrollo) del turismo de sol y playa del norte; y suspender la ejecución de un proyecto que a todas luces perpetuaría esta vía errónea no cancela el desarrollo. Por el contrario, permite la pausa que demanda la búsqueda de vías de desarrollo sustentables ambientalmente, rentables con perspectiva intergeneracional, y capaces de poner por delante las expectativas y necesidades de los residentes locales, en lugar de entregar de nuevo la tajada del león a inversionistas de otras latitudes, que ofrecen el espejismo del empleo subordinado a cambio de la explotación depredadora.

Quizá merezca la pena hacer una sugerencia desde la ingenuidad: ¿Por qué no reconocer que Royal Caribbean tiene el interés de invertir en proyectos que contribuyan al desarrollo del sur de Quintana Roo, al tiempo que el gobierno mexicano pretende conducir una vía de desarrollo para la región que garantice la protección de ecosistemas relevantes y vulnerables, la apropiación sustentable del patrimonio natural y la calidad de vida de los residentes locales? Y al reconocer esto, asumir también que ni Royal Caribbean (que no puede ver más allá de las rutas probadas para obtener utilidades máximas en el menor plazo posible), ni el gobierno mexicano tienen claro qué hacer, en concreto, para satisfacer ambos universos de interés. Se podría partir de estas premisas para que gobierno y empresa convocaran a un concurso en el que participaran todos los actores sociales interesados, proponiendo proyectos dirigidos a promover el desarrollo regional sustentable; de modo que la empresa se comprometa a dirigir su inversión en la dirección que marcaran los proyectos ganadores, y el gobierno ofreciera facilitar la tramitología requerida para la ejecución de los proyectos.

Pero no soy tan ingenuo. Lo que creo que sí sucederá es que la empresa promovente, si no se desiste, volverá a presentar en tiempo y forma un manifiesto de impacto ambiental, acorde al requerimiento que le ha hecho la autoridad; y ésta tendrá que someterlo a un procedimiento de evaluación y dictamen. Supongo que el proyecto de marras tendrá el mismo diseño que nos han presumido en renders, y que resulta un alarde ostentoso de mal gusto y ramplonería. Supongo también que la secretaria será consistente con su posición públicamente anunciada. El reto para los funcionarios de la Semarnat encargados de la evaluación será entonces mostrar, con rigor técnico y argumentos jurídicos robustos, por qué el proyecto de “Perfect Day” resulta inadmisible e indeseable para Mahahual, para Quintana Roo, para México y ¿por qué no? para la selva maya y el arrecife mesoamericano en su integridad.

Muchos hemos aplaudido la postura asumida por la Dra. Alicia Bárcena ante este caso. Si estamos conscientes de que el asunto no termina con sus recientes declaraciones, toca ahora ofrecerle el apoyo que requiera para sostener su posición y llevarla a término. Y voy a más, habría que estar pendiente de la presentación de una nueva MIA, analizar su versión pública, y contribuir a la crítica del proyecto con conocimiento de causa, mesura y rigor. La pugna por lograr la protección y el uso sustentable de los ecosistemas de la región – y, particularmente, la selva maya y el arrecife mesoamericano – está lejos de terminar. Los diferentes sectores empeñados en alcanzar este logro harán bien en reconocer que, visto lo visto, se requiere la actuación concertada entre la autoridad ambiental nacional y las fuerzas de la sociedad civil para detener el avance irrestricto de la voracidad de los inversionistas mal llamados “desarrolladores”.

Edición: Fernando Sierra