Opinión
Rafael Robles de Benito
28/04/2026 | Mérida, Yucatán
Después de los meses aciagos de la “fiebre del pepino”, cuando la costa de Yucatán se vio convulsionada por una febril actividad pesquera sin controles ni límites, que se condujo de manera francamente criminal, pensé que las poblaciones de pepinos de mar se habían abatido hasta casi desaparecer. Durante un tiempo considerable, al salir a los paseos de esnórquel que gozo cada vez que acudo a Dzilam de Bravo, dejé de ver ejemplares de estos holoturoideos deambulando por entre los pastos de las praderas submarinas que usualmente habitan. Últimamente empecé a verlos de nuevo, cosa que me alegró, y pensé ingenuamente que la población empezaba a crecer de nuevo. Varios amigos pescadores de ese puerto me aseguraron que no se trataba de avistamientos casuales y que hay frente a las costas del municipio bancos abundantes de pepino de mar. “Cuentos de pescadores”, dije para mis adentros.
Hace unos días, con un par de esos pescadores, que conocen al dedillo el litoral dzilameño, y una pareja de queridos amigos que nos visitaban de otras tierras, volví a visitar algunos sitios de la Reserva Estatal Bocas de Dzilam. En lo que fue un día espléndido y divertido, pasamos a reconocer el paraje conocido como Elepetén, donde nos dimos un refrescante baño en las aguas del prístino cenote; pescamos (“estamos arando”, le dijo el mosquito al buey) unas picudas para el ceviche; fuimos también a la laguna, a platicar un rato con los cocodrilos; y al final nos echamos un nuevo chapuzón en los bajos frente a Elepetén, que por alguna extraña razón han nombrado Punta Arena, siendo que este paraje se ve solamente a lo lejos. En fin, una visita deliciosa, que dio lugar además a recordar aventuras vividas en la reserva desde su creación en 1989; pero también a corroborar evidencias del decaimiento que guarda el manejo de la que fuera la primera área protegida estatal en la entidad.
Basta con tener un par de ojos en la cara para ver desde una lancha, a lo largo de las dunas y manglares que pueblan la línea litoral de la reserva, múltiples entradas hacia el interior del área, en las que se perciben señales de acceso, montones de basura, sacos de rafia y señales de fogatas. Estas evidencias no tienen otra explicación que la presencia de lo que se conoce como “sancochaderos” de pepino. Los buzos que capturan pepino atracan sus embarcaciones frente a estos sitios, descargan su captura y la entregan a quienes se harán cargo de ponerla a hervir en agua salada, en tinas de PVC. Una vez “sancochado” el pepino, se pone a secar al sol, y la salmuera que queda en las tinas se tira sin más miramientos en la ciénega, sin importar el impacto que el agua hipersalina y caliente tendrá sobre la vegetación y la fauna circundantes.
Al parecer hay 212 permisos para la pesca de pepino de mar en la península de Yucatán, a pesar de que desde hace más de una década se estableció una “veda permanente” para su captura. Además del absurdo del término “veda permanente” (las vedas, por definición, tienen un principio y un fin), lo que acabó por ser una tímida prohibición se levanta cada vez que los permisionarios presionan a la autoridad para reanudar la actividad. Supongamos, en el mejor de los casos, que la actividad que se realiza en el área marina de la reserva estatal se encuentra debidamente acreditada por permisos de la CONAPESCA. Esto no quiere decir que procesar la captura en terrenos del área protegida, impactando de manera severa los ecosistemas que se supone que son sus objetos de conservación, se encuentre autorizado. Los sancochaderos de pepino son ilegales y clandestinos: y, a mi juicio, significan la comisión de delitos ambientales que deberían ser perseguidos y sancionados.
El asunto ha sido denunciado en repetidas ocasiones por prestadores de servicios turísticos que hacen uso de las áreas de uso público de la reserva. Por cierto, merece la pena destacar el hecho de que son ellos quienes realizan todas las actividades de mantenimiento de senderos, muelles, palapas y miradores que ofrecen a los visitantes, además de asumir la responsabilidad de mantener las áreas de visita limpias, y dotarlas de una rústica señalética que explica a los visitantes lo que están viendo, y les instruye en cuanto a la conducta que deben observar durante su estancia en el sitio. La ausencia de la autoridad ambiental es prácticamente total, ya que se encuentra representada por un solo vigilante (con dos embarcaciones y una motocicleta), que debe hacerse cargo de todas las labores de inspección y vigilancia, conservación de tortugas, operación de la estación de campo y un largo etcétera de labores establecidas en un programa de manejo que hace un buen rato que no se actualiza.
Sería una exageración decir que las denuncias han caído en oídos sordos. El personal adscrito al destacamento de la marina armada de México en Dzilam de Bravo ha acompañado en más de una ocasión al guardaparque y a “turisteros” a recorrer la zona y se les han mostrado los sitios donde se observa la actividad de los sancochaderos. Se les han proporcionado además las coordenadas precisas de su ubicación, solicitándoles alguna acción al respecto. Hasta ahora, no ha habido ninguna acción que permita suspender la actividad dentro del polígono del área protegida estatal más importante de la entidad (a más de ser la primera, y el primer sitio Ramsar yucateco). Si realmente se pretende conservar esta joya de la conservación de la región, la acción concertada y coordinada de la fuerza pública y las autoridades ambientales es más que urgente.
Edición: Fernando Sierra