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Foto: X @MaruCampos_G

El deceso de dos agentes de la Central Intelligence Agency (CIA por sus siglas en inglés) en suelo mexicano, tras un accidente automovilístico ocurrido en Chihuahua, cuando el vehículo en el que se trasladaban después de un operativo para desmantelar un narcolaboratorio, se ha revelado como una doble crisis: primero, de carácter diplomático, al crearse una tensión innecesaria con Estados Unidos, y otra aparentemente de seguridad pero en realidad es un reto al federalismo.

El incidente abrió un frente en la relación con el vecino del norte que obliga a prácticamente todas las instituciones federales a destinar recursos económicos y humanos para atender algún requerimiento específico. Como ejemplo tenemos la renegociación del Tratado comercial entre ambos países y Canadá (T-MEC), o la atención a un grave problema interno de Estados Unidos, como es el ser el mayor mercado de consumo de estupefacientes.

La crisis del modelo federal mexicano es más compleja. En un punto está el combate a la delincuencia organizada, en su vertiente de elaboración y tráfico de narcóticos, que es atribución federal; de otro está la participación de agentes extranjeros en un operativo de esta naturaleza, algo que se rige desde la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, y sobre lo cual la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha pronunciado en contra en varias ocasiones. Agreguemos ahora el “plantón” de María Eugenia Campos, Maru, gobernadora de Chihuahua, al Senado de la República, instancia que la invitó para abordar el tema de la presencia de los elementos de la CIA.

Nadie está diciendo que desmantelar un narcolaboratorio haya sido inapropiado, ni que no haya sido un duro golpe al crimen organizado. El operativo, hasta donde se tiene conocimiento, fue en conjunto con fuerzas federales. Si fue así, el tema de la jurisdicción está zanjado. Lo que está en el tapete es la participación de agentes de la CIA cuya presencia no se notificó a las autoridades federales y tampoco eran distinguibles de los integrantes de las corporaciones chihuahuenses, lo cual sí podría constituir un delito grave. Incluso si no se alcanzara la tipificación para “traición a la patria” sí hay elementos suficientes para establecer usurpación de funciones en agravio de la Federación.

El gobierno de Chihuahua ha respondido de dos maneras: la primera, con la renuncia del fiscal general de ese estado, César Jáuregui, alegando que “hubo omisiones tanto en la información como en la gestión institucional respecto de los puntos de contacto de dichas personas [los agentes de la CIA]. Esa omisión vulneró los mecanismos de control y comunicación que, como titular de la Fiscalía General del Estado, tenía la obligación de asegurar en su funcionamiento eficaz”. Lo que Jáuregui reconoció, a fin de cuentas, fue su incapacidad para asegurar que sus subalternos lo mantuvieran informado con veracidad.

La otra acción fue crear una unidad especializada para investigar los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril, a cargo de Wendy Paola Chávez Villanueva, quien ya ha presentado un primer informe en el cual se indica que la presencia de los extranjeros no fue informada a los superiores; la referencia no es a la Federación, sino al propio fiscal de Chihuahua. Ahora bien, esta unidad no tiene más responsabilidad que la que tendría un órgano de control interno de la Fiscalía chihuahuense. A quien realmente le corresponde investigar y en su caso presentar denuncias es a la Fiscalía General de la República. De nuevo, la usurpación de funciones, pero aparentemente el ánimo es que el control de daños quede a cargo del Ejecutivo del llamado estado grande.

Finalmente, el Senado de la República extendió una invitación a la gobernadora para presentarse y exponer lo sucedido. Aquí la discusión ha sido si el Congreso de la Unión tiene la facultad de llamar a mandatarios estatales. Por lo visto puede, pero responder al llamado no es obligatorio. Y entonces la pregunta que queda al aire es quién debe aclarar los hechos para la Nación, porque hay la presunción de delitos del orden federal por parte de autoridades locales. 

De revisarse, la inasistencia de Maru Campos al Senado no resulta en una ilegalidad. Pero sí es un ejemplo de falta de rendición de cuentas, porque lo que ha terminado expuesto es que, en materia de seguridad, que es de interés para todo el país, hay quienes buscan cobijarse argumentando que “sólo le rinden cuentas a sus gobernados” a pesar de que sus actos y omisiones impacten en todo el territorio nacional.

Lea, de la misma columna: La escuela ante tendencias virales

Edición: Fernando Sierra


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