De ausencias notorias

Hacía muchos años que no visitaba El Corchito, en Progreso. Se conoce con ese nombre a un grupo de pequeños cenotes, u ojos de agua, en la ciénega al sur del puerto, muy cerca de la carretera que lo comunica con la ciudad de Mérida. Cuando lo conocí, se llegaba en un alijo, palanqueando, y era un sitio apacible y umbrío. El Corchito se convirtió durante algún tiempo en un lugar bastante sucio, donde acudían grupos de personas diversas con el propósito común de montar fiestas ruidosas y etílicas al fresco, sin tener que lidiar con la presencia de autoridades o “buenas conciencias” persecutorias. Un antro al aire libre al que se podía llegar con una nevera llena de cervezas y un aparato de sonido que emitía música atronadora, casi siempre de dudosa calidad. Ahora es una “reserva natural” administrada por el Patronato Cultur. Se le ha dotado de una infraestructura considerablemente elaborada, que incluye un amplio estacionamiento, una suerte de parador turístico con tienda de recuerdos, refrescos y alimentos chatarra, un cómodo embarcadero, andadores y áreas de descanso con palapas y bancas. El cruce al área de cenotes se realiza en lanchas a motor y se pide a los visitantes que se coloquen chalecos salvavidas durante el trayecto. El resto del camino se hace a pie, y lo cierto es que ahora da gusto la posibilidad de darse un refrescante chapuzón en los tres cenotes, como da gusto la presencia desenvuelta de coatís, mapaches, iguanas y avifauna diversa. Los visitantes son casi siempre escrupulosos en el cumplimiento de la normatividad propuesta en los letreros omnipresentes y un tanto machacones. La normatividad está explicada una y otra vez, siempre de manera negativa: queda claro todo lo que está prohibido, pero nunca se sabe bien por qué, o cuál es la conducta correcta o aceptable (¿por qué no decir “deja sólo huellas y llévate solamente recuerdos, en lugar de “NO tires basura”, “NO escuches música” y un largo etcétera de negativas perentorias?). No estaría de más un poco de educación ambiental para los diseñadores de la señalética.

Tuve también la oportunidad de visitar de nuevo Dzibilchaltun. Las últimas veces que fui ahí antes de esta larga pausa, el sitio pugnaba por hacer visible su condición de área protegida con categoría de parque nacional. Como su polígono incluye la superficie considerada zona arqueológica, el Instituto Nacional de Antropología e Historia sentía la necesidad de sostener una pugna jurisdiccional con la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, como si fuera inevitable que dos organismos del Ejecutivo federal tuviesen que competir por el dominio de un proyecto, antes que colaborar en su ejecución exitosa. Además, el parque ocupa porciones de dos ejidos colindantes que, al percibir presencia y actividad gubernamental, consideraron – con cierta razón – que les correspondía gozar de los beneficios económicos que estas acciones pudieran atraer a la zona; pero tampoco ellos parecían dispuestos a generar una posición colaborativa: ambos esperaban que las autoridades excluyeran al otro ejido. Dejé de tener qué ver con Dzibilchaltún sin haber encontrado una resolución razonable a los disensos. Ahora, que vuelvo, lo primero que encuentro detrás de la entrada al parque es una mole, mucho más grande que el museo de sitio, que por cierto nunca pareció demostrar su viabilidad como proyecto cultural y educativo, Hoy domina entonces el edificio del parador turístico, que al menos el día que fui, no parecía particularmente lleno. Tenía más bien toda la pinta de un paquidermo albino. Lo que ya no se aprecia por ningún lado es algún esfuerzo de señalética que contribuya a comprender lo que significa la selva baja caducifolia que el parque salvaguarda y que configura el paisaje de buena parte del norte peninsular. Alguna vez existió un sendero interpretativo que quiso cumplir con esta función, pero no quedan evidencias de su existencia. Aunque en el caos de Dzibilchaltun es verdad que hay un buen número de cédulas que dan cuenta de lo que significan las estructuras de la zona arqueológica, la información acerca de la relación de los habitantes originarios con el medio ambiente resulta escasa y dispersa. No sé si el museo de sitio dará cuenta de ella, porque ahora se encuentra cerrado.

Lo curioso en ambos casos es que no se ve por ningún lado la presencia de las autoridades responsables de la política ambiental y de salvaguardar el patrimonio natural. Aunque fue la autoridad subnacional la responsable de establecer la protección de El Corchito, no existe señal alguna de que la Secretaría de Desarrollo Sustentable tenga responsabilidad alguna sobre el manejo del sitio. A pesar de que Dzibilchaltún haya sido decretado parque nacional, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas no cuenta en el lugar con un solo logotipo, ni está mencionada en las cédulas. Ningún guardaparque ostenta una prenda que permita identificarlo como representante de la autoridad responsable de la conservación. No existe, al menos a la vista del público, evidencia alguna de que estas áreas cuenten con un programa de manejo de área protegida, que este instrumento se encuentre actualizado, o que exista algún documento que permita identificar cuáles son los objetos de conservación que protege, ni qué hace para lograrlo. La SDS y la CONANP están notoriamente ausente, por lo menos en dos lugares que tendrían que ser ventana y ejemplo de su trabajo, a la luz de la presencia de visitantes que acuden a conocerlos. Esto no es más que un botón de muestra más acerca del desdén con que los poderes ejecutivos federal y estatal encaran su responsabilidad ante la necesidad de proteger la base natural del desarrollo. Tienen la mirada puesta en otras actividades, que puedan resultar más eficaces para recaudar dineros, reclutar adeptos electorales o respaldar el quehacer de los actores convencionales del desarrollo económico: pan para hoy, pero hambre para mañana.

Edición: Fernando Sierra