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Foto: Facebook Maru Campos Galván

Hoy miércoles, María Eugenia Campos (Maru), gobernadora de Chihuahua, debe atender el citatorio a comparecer en calidad de testigo que le hizo la Fiscalía General de la República (FGR), en las averiguaciones sobre la presencia de agentes de la Central Intelligence Agency (CIA) de Estados Unidos, durante un operativo antinarcóticos. 

En otro procedimiento, la Fiscalía citó el pasado sábado, en los mismos términos, a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, junto a otros funcionarios de su gabinete, incluyendo al hoy senador Enrique Inzunza Cázarez. Ambos se presentaron a la delegación de la FGR en esa entidad, en Culiacán. 

Las causas tienen diferente origen: a la mandataria chihuahuense se le señala de permitir la operación de agentes extranjeros en suelo mexicano, sin conocimiento y menos autorización por parte de las autoridades federales. Mientras, a Rocha Moya lo señala un tribunal de Estados Unidos de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa a fin de dejarlos enviar diversos enervantes a ese país.

Los sinaloenses ya han comparecido, dando un mentís a las voces que inquirían por su paradero. En su favor debe señalarse que la FGR los localizó sin dificultad para entregarles su respectivo citatorio. La diligencia, sin embargo, tampoco fue el escenario para realizar la solicitada detención con propósito de extradición, lo que también levanta sospechas.

Eso sí, Rocha Moya ha manifestado, en sus redes sociales, que se mantiene dispuesto para acudir a cualquier nuevo llamado de la FGR, y que confía en el sistema judicial mexicano. El arresto, a pesar de la ficha roja emitida por la Interpol contra el gobernador con licencia y otros siete ex funcionarios, sigue pendiente.

En ambos casos, ya se indicó, no se trata de que las dependencias del Estado mexicano estén investigando directamente a Maru Campos y Rubén Rocha. En cambio, ambos forman parte de sendos procesos de integración y análisis de información. Ahora, también hay otra diferencia a tomar en cuenta: el fuero, del cual carece Rocha Moya en este momento. Sin embargo, quien marcó la pauta fue el senador Inzunza, quien tras hacer público que se presentó ante la FGR, recalcó que es su “disposición indeclinable atender este y todo requerimiento, sin ampararme en la excepción que en razón de mi cargo de legislador establece el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales”. En este punto, la gobernadora de Chihuahua reaccionó de inmediato con intención de presentarse al público como perseguida política.

Pero precisamente en la Cámara de Diputados se está presentando el ambiente para fortalecer la narrativa de Maru Campos. Ahí, este martes, se recibió una solicitud de juicio político en su contra, realizada por 11 diputados locales morenistas de Chihuahua, según reveló la presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán, quien es correligionaria de Campos. Todavía es necesario que esta solicitud sea ratificada a más tardar este viernes 29, y tras ello se analizará la petición en la Subcomisión de Examen Previo.

El pendiente será ahora dirimir si la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión está facultada para procesar políticamente a Maru Campos, lo que de entrada se antoja fuera de lógica por tratarse de una autoridad local, algo que los 11 legisladores morenistas solicitantes debieron prever. En todo caso, es potestad del congreso de Chihuahua. La maniobra, más que golpear a la gobernadora, puede resultar en un ridículo autogol.

Lea, de la misma columna: El Mundial gentrificado

Edición: Fernando Sierra


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