Opinión
La Jornada Maya
23/06/2026 | Mérida, Yucatán
El debate por la despenalización del aborto en Yucatán, al menos en el Poder Legislativo, llevaba detenido varios meses. La pasada legislatura, dominada por el Partido Acción Nacional (PAN), incurrió en desacato a la instrucción que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio a todos los congresos estatales para que retiraran de sus respectivas constituciones las referencias a la protección a la vida desde la concepción, armonizando así las legislaciones locales con la federal.
Hasta ahí, el proceder del Congreso yucateco no había tenido consecuencia alguna, más que mantener en la clandestinidad a quienes pretendieron realizar una interrupción legal del embarazo, ya de por sí difícil en la entidad a pesar de que en la propia Constitución se encontraban contempladas varias causales para que el aborto no fuera penalizado.
Así, a la Legislatura que entró en funciones en septiembre de 2024, le correspondió retomar el asunto y no fue sino hasta abril de 2025 que se se aprobó una reforma despenalizando el aborto hasta las 12 semanas de gestación, pero quedó en el Código Penal del Estado. En esa misma jornada, momentos antes, no se logró la mayoría calificada requerida para avalar el dictamen que haría ese cambio en la Constitución, de nueva cuenta ignorando lo indicado por la SCJN.
Ahora, el no reformar oportunamente el artículo primero de la Constitución estatal tuvo consecuencias en los bolsillos de cada integrante de la Cámara, sin distinción de partido y de cómo votó en abril, y hasta del director jurídico del Congreso, Miguel Ceballos Quintal. Cada uno deberá erogar 26 mil 981 pesos que por ningún motivo deben salir del presupuesto del Legislativo, y sí deberán ser un cargo directo a las respectivas dietas, lo que se traducirá en descontarles el monto equivalente a una quincena. Eso sí, les deben quedar íntegras las partidas de apoyo parlamentario, vales de despensa y de gasolina. La tozudez, finalmente, les costó su propio dinero.
A partir de su publicación en el Diario Oficial del Estado, el artículo primero de la Constitución yucateca dirá que la entidad “reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano. Asimismo, promoverá las condiciones necesarias para su desarrollo integral en todas sus etapas, en observancia de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”. Es decir, que toda la legislación local deberá estar alineada igualmente a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Vendrá después la observancia del cumplimiento de la ley, porque una cosa es la despenalización y otra, ya se comprobó, el acceso a un aborto seguro para cualquier mujer que lo requiera. El nuevo texto constitucional no obliga a nadie a abortar, como tampoco debiera forzar a nadie a maternar; pero sí debe ser una garantía de que podrá realizarse el procedimiento en una institución pública.
Al principio, podrá resultar alarmante para las buenas conciencias que se hable de las cifras de interrupciones del embarazo practicadas. Esto solamente reflejará una realidad que ya existe y sobre la cual no existe todavía una luz suficiente porque las que se han realizado a la fecha han sido, en su gran mayoría, externas a las instituciones de salud. Lo que se tendrá serán datos oficiales y sí, estadísticas a partir de las cuales se deben crear políticas de acompañamiento y creación de las condiciones para una maternidad digna, deseada y respaldada. A esto debe contribuir en buena medida la incorporación de Yucatán al esquema del IMSS -Bienestar.
Edición: Fernando Sierra
