Opinión
La Jornada Maya
12/07/2026 | Mérida, Yucatán
Manuel Xool
El pasado mes de junio, la península de Yucatán fue sede de dos eventos promovidos por la Dirección General de Derechos Humanos y Justicia Pluricultural de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los eventos se llamaron “Diálogos: justicias, saberes y territorios” y se llevaron a cabo en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales y en el Instituto Tecnológico Superior de Hopelchen. En cada uno de ellos asistieron más de 100 personas de los tres estados de la península.
Sin duda estos eventos promueven un nuevo paradigma de acercamiento de la justicia hacia los territorios, en donde se enfrentan día a día graves daños ambientales y la criminalización de las personas cuidadoras de estos territorios ancestrales. En la península de Yucatán, la contaminación del agua, la deforestación para desarrollos inmobiliarios o agroindustriales, la muerte masiva de abejas, los daños a las zonas costeras y la pérdida de la milpa son algunos de los temas que mayores impactos negativos están generando.
Sin duda alguna, es un acierto el acercamiento de la SCJN a las comunidades para conocer de primera mano los impactos ambientales negativos, así como la criminalización de las personas defensoras. Asimismo, la presencia de varias instituciones y servidores públicos, que difícilmente se acercan a estas realidades es otro de los aciertos del evento. El Instituto Federal de Defensoría Pública, diputados locales, secretarías estatales son algunos de quienes estuvieron presentes y escucharon las quejas y el sufrimiento que viven las comunidades.
Por otro lado, surgieron cuestionamientos por parte los representantes de las diversas comunidades que asistieron. Por ejemplo, aunque el esfuerzo de acercamiento fue reconocido, la visita a los lugares afectados y/o dañados debió ser parte del evento. Los organizadores plantearon que el principal objetivo de estos encuentros es generar protocolos que puedan servir de guía para los jueces.
En este sentido, los cuestionamientos de las comunidades se relacionan con la funcionalidad de estos instrumentos y cómo las comunidades pueden verificar que este primer esfuerzo haya recogido de manera fiel los sentires y quejas que se presentaron. También lamentaron que en ninguno de los dos eventos haya estado presente alguna magistrada o magistrado.
Desde las reformas del 2011, pasando por las modificaciones para la elección de las juzgadoras y juzgadores se vislumbran cambios importantes para los pueblos originarios y afrodescendientes que históricamente han estado marginados, pero aún hace falta mucho para que el acceso a la justicia sea una realidad sin importar las condiciones económicas, o hablar una lengua indígena.
El estado mexicano sigue en deuda con sus pueblos originarios y afrodescendientes; aún no es capaz de incorporar la cosmovisión de los pueblos originarios al sistema de justicia; aún necesita entender que el bienestar o el desarrollo no obligatoriamente tiene que pasar por la acumulación.
Así que confiemos que estos diálogos sirvan no sólo como una guía o un protocolo, sino que sea un instrumento que plasme los sentires sobre el cuidado del territorio, el buen vivir y la justicia desde la cosmovisión de los pueblos originarios. Ello permitirá construir una gobernanza participativa para atender con el involucramiento de todas las partes involucradas, el rezago en materia de justicia hacia los pueblos originarios.
Edición: Fernando Sierra
