Opinión
La Jornada Maya
12/07/2026 | Mérida, Yucatán
Llama la atención que, de los tres estados, los que tuvieron retrocesos están gobernados por mujeres: Layda Sansores Sanromán en Campeche y Mara Lezama en Quintana Roo. Lo cuestionable es, también, que ambas mandatarias se encuentran en el último tramo de su respectiva gestión. Por el contrario, en Yucatán, donde Joaquín Díaz Mena sucedió a Mauricio Vila Dosal, se dio un avance importante.
Los indicadores que midió el IMCO resultan fundamentales: el ingreso de las mujeres al mercado laboral, su permanencia y la autonomía económica que consiguen. Esto no es poco. De inicio debe inferirse la creación del recurso humano femenino y la existencia de plazas a las cuales se postulan las mujeres. En seguida, se contemplan las condiciones del mercado local para el desarrollo profesional -y aquí cabe mencionar que siguen existiendo empresas en las cuales el ascenso en los puestos es limitado - y por último, el ingreso que se consigue.
El valor de la medición del IMCO radica en que, al enfocarse en las condiciones que existen para las mujeres en Yucatán, lleva a suponer que la participación en el mercado laboral se ha hecho más igualitaria, de manera que los empleadores se enfocan más en capacidades y formación profesional que en el sexo de los postulantes.
Por otra parte, el IMCO consideró ciertos factores como cruciales para el desarrollo de las mujeres en el mercado laboral. Aquí debe tomarse en cuenta que las entidades que tuvieron una calificación alta, además de Yucatán, fueron la Ciudad de México, Nuevo León, Colima y Baja California Sur, pero las circunstancias que se consideraron favorables a las mujeres fueron la cobertura de cuidados en la primera infancia, que en esas cinco entidades alcanzó el promedio de 41.5 por ciento; el porcentaje de mujeres con educación superior, que de nuevo superó el 50 por ciento en los cinco estados; el porcentaje de mujeres en pobreza laboral, que apenas rebasó el 20 por ciento, y el promedio de carpetas de investigación de delitos sexuales por cada 100 mil habitantes, que promedió 7.4, cuando la media nacional fue de más de 21 carpetas. En otras palabras, las circunstancias de facilidad para hallar guarderías, de continuar estudiando y de seguridad, son cruciales para que el talento permanezca en las empresas.
Sin embargo, debe prestarse atención a la alta informalidad laboral entre mujeres en Yucatán, que es de casi 63 por ciento. En este aspecto, sin embargo, lo que impera es una condición estructural, pues el empleo informal es el que predomina en todo el país. Esto quiere decir que incluso en la entidad que tuvo el mayor progreso en la incorporación y permanencia de las mujeres en el mercado laboral, la oferta de plazas de trabajo sin prestaciones es dominante.
Pero queda la interrogante acerca de lo que ocurre en Campeche y Quintana Roo, entidades que eligieron gobernadoras de la 4T antes que Yucatán y donde se celebrarán elecciones el próximo año. Campeche registra rezago en desigualdad en el trabajo no remunerado, homicidios dolosos de mujeres y brecha laboral. Por su parte, Quintana Roo capta a muchas mujeres al momento de incorporarse al mercado laboral, y se encuentra por encima de la media en cuanto a autonomía económica, pero la permanencia se desploma; esto quiere decir que las condiciones para mantener el empleo no son las óptimas y tienen que ver con la facilidad para el cuidado de los hijos y/o la seguridad, y esto no es poca cosa.
Pero en general, la vista debe centrarse en las condiciones para la creación de empleos formales. Mientras Quintana Roo apenas crece en 1.2 por ciento con respecto a 2025, Yucatán y Campeche siguen enfrentando una cruenta batalla contra la economía informal, lo que no sólo desfavorece a las mujeres sino a todo el mercado laboral y, finalmente, al Estado mexicano, y eventualmente a toda persona que aspire a incorporarse a la población económicamente activa y obtener un sustento digno.
Edición: Fernando Sierra
