Opinión
La Jornada
13/07/2026 | Ciudad de México
Funcionarios de Houston y del condado de Harris, donde el pasado 7 de julio el migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo fue asesinado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), denunciaron ayer que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) se ha negado a entregarles información relacionada con ese homicidio, pese a que por ley las autoridades locales tendrían que participar en su esclarecimiento. A lo anterior debe agregarse la injustificable demora para entregar el cuerpo a los familiares, el afán del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de deportar a las tres personas que acompañaban a Salgado Araujo en el momento en que fue asesinado para evitar que testifiquen contra los homicidas, así como la absurda declaración del ICE de que sus efectivos involucrados en el crimen carecían de cámaras corporales debido al cierre de gobierno “provocado por los demócratas”, pese a que el Congreso aprobó un presupuesto sin precedente de 134 mil millones de dólares para el DHS.
La versión del ICE de que el agente que disparó contra el mexicano lo hizo “en defensa propia”, porque trataba de atropellarlo, fue desmentida desde un inicio por testigos presenciales, quienes declararon que la víctima simplemente trataba de huir de la persecución de vehículos y personas carentes de toda identificación. La falsedad de la postura oficial fue corroborada por videos aparecidos en días recientes que confirman que nunca hubo el pretendido intento de atropellamiento.
Por lo demás, el empecinamiento de las instancias federales en encubrir homicidios perpetrados por sus agentes conforma ya un patrón de conducta, si se consideran los asesinatos en Minesota de los ciudadanos estadunidenses Renee Good y Alex Jeffrey Pretti, perpetrados con dos semanas de diferencia en enero de este año en Mineápolis, Minesota; en ambos casos, el ICE afirmó, falsamente, que las víctimas habían agredido a sus efectivos, y en ambos casos se demostró de manera fehaciente que no existió tal agresión. Para ahondar el agravio, tras la muerte de Good, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la calificó de “terrorista” y poco después, junto con Greg Bovino, quien se desempeñaba de comandante de la Patrulla Fronteriza, sostuvo la versión mendaz de que Pretty había tratado de disparar a los agentes, cuando, como lo demostraron los videos, simplemente estaba grabando con su teléfono celular un acto de represión contra manifestantes.
La propensión a mentir exhibida por instancias federales estadunidenses para tratar de dar impunidad a sus empleados homicidas es ilustrativa del nivel de descomposición que han alcanzado bajo el trumpismo instituciones que tendrían que ser respetuosas del estado de derecho y que, en cambio, se empeñan en acciones que merecen ser consideradas como obstrucción a la justicia. Pero si los delitos del ICE y del DHS resultan indignantes, lo es más su motivación, que no es otra que el racismo, la xenofobia y el desprecio por la legalidad, característicos de Donald Trump, jefe supremo de los agentes homicidas y, en última instancia, responsable político e intelectual de sus crímenes.
Es claro que, en estas circunstancias, el Estado mexicano tiene ante sí la obligación de buscar la justicia para Salgado Araujo y para los 17 connacionales muertos cuando se encontraban en poder del ICE –en circunstancias de desatención médica, supuestos suicidios y violencia física por parte de sus captores–, tanto en instancias estadunidenses como internacionales, y que ese propósito debe recibir el respaldo del país entero, al margen de diferencias políticas, partidistas o ideológicas.
Edición: Ana Ordaz
