De tortugas y personas

En las playas situadas entre Dzilam de Bravo y Santa Clara suelen hacer sus nidos tortugas marinas, principalmente carey (Eretmochelys imbricata) y blanca (Chelonia mydas), aunque ocasionalmente llegan ejemplares de las otras especies presentes en aguas del Golfo de México. Actualmente hay una sola persona que se hace cargo de monitorear los nidos en este tramo del litoral; y tanto él como las tortugas que anidan y sus crías enfrentan, año con año, una serie de problemas ocasionados por la forma en que las personas que hacemos uso de la zona costera hemos decidido gozar de sus indudables encantos. Esperar que la persona encargada de atender el programa de protección de tortugas marinas en este fragmento de la costa yucateca pueda hacerlo satisfactoriamente demandaría por lo menos que le ofreciéramos una actitud solidaria y colaborativa, pero lo cierto es que hacemos precisamente lo contrario, poniendo obstáculos a su actividad y exacerbando las amenazas que se ciernen sobre las tortugas que nos visitan.

Esta vez no haré más que mencionar la presencia de basuras en la mar, especialmente de plásticos, para enfocarme en otras dos amenazas que tendría que resultarnos sencillo controlar y abatir: la presencia creciente de perros ferales y la conducta soberbia, arrogante y frecuentemente ilegal de algunos usuarios de la playa que de manera prepotente piensan que pueden hacer lo que se les antoje en las áreas frente a sus residencias de verano, asumiendo que se trata de un bien exclusivo y privado.

La población de perros en la zona costera tiende a crecer, no solamente como una consecuencia directa del crecimiento de la población de residentes y visitantes humanos, sino por el manejo que éstos hacen de sus animales domésticos. A pesar de que ha habido ocasionalmente campañas de esterilización de la población canina, lo cierto es que todavía abundan los perros fértiles (machos y hembras), que además corren por la región sin contención alguna. Las perras paren camadas sucesivas de cachorros que nadie parece dispuesto a adoptar y – paradójicamente – nadie parece tampoco dispuesto a sacrificar. Muchos de estos cachorros son llevados a las zonas menos pobladas de la región, y soltados ahí en el abandono, puestos a lidiar de acuerdo con sus propias capacidades. Las jaurías ferales que pululan por las áreas marginales de los puertos, alimentándose de los restos orgánicos que encuentran en los sitios municipales de disposición final de residuos y de las presas de pequeños mamíferos, reptiles y aves que logran cazar, aumentan día a día. La época de nidación de tortugas es un intervalo de bonanza para estos predadores, cuya presencia en las playas no es precisamente natural, sino resultado de nuestra conducta contradictoria: nos negamos a controlar el crecimiento de la población de perros, pero nos negamos también a asumir la responsabilidad de controlar las actividades de los animales que hemos abandonado a su suerte.

El gobierno federal, responsable de la protección de la biodiversidad (de las tortugas marinas, en este caso particular); el estatal, responsable del manejo de la Reserva Estatal Bocas de Dzilam, escenario del drama que describo en estos párrafos; y el gobierno municipal, autoridad local indiscutible, deberían coordinar sus esfuerzos y sumar sus recursos para llevar a cabo campañas periódicas de esterilización y otras actividades de control demográfico de la población canina. Esto no sucede. Ahora que se ha puesto en boga la idea de que “se debe gobernar con sentido común, y gobernar para la gente”, aquí hay una acción de política ambiental que podría afirmar la sensatez de la consigna.

Pero los perros no son el único problema que enfrentan las tortugas en etapa de nidación, ni el responsable de monitorearlas desde que arriban a la playa, hasta que nacen las nuevas crías y llegan al mar. El trabajo de este funcionario demanda que pueda transitar libremente por la playa, en largos recorridos – frecuentemente nocturnos – en busca de rastros y nidos. Aunque la ley establece con claridad que nadie puede impedir el libre tránsito de personas por la zona federal marítimo terrestre, resulta que hay “dueños” (o usufructuarios) de predios aledaños a la playa que han decidido que solamente ellos pueden ocupar la playa frente a “sus” predios; y se sienten con los arrestos suficientes como para impedir el paso de un funcionario del gobierno estatal que hace su trabajo, o de plano construyen muelles y andadores sin contar con permisos para hacerlo, ni con las concesiones de ZOFEMAT con las que requerirían contar (pagando, claro está, los derechos correspondientes) para poder construir cualquier infraestructura en la zona. Estos señores pasan con facilidad de la prepotencia a la amenaza violenta, sin que medie autoridad alguna para hacerles plegarse a las condiciones que marcan las leyes y normas. ¿Son estas también gentes para las que hay que gobernar con sentido común, por encima de lo que dicte la norma vigente?

En un estado de cosas donde tendrían que tener una clara presencia los gobiernos municipales, signatarios con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Medio Ambiente y Recursos Naturales para el manejo de las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar; el gobierno del estado mediante la acción continua de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), responsable del manejo de la Reserva Estatal Bocas de Dzilam; el gobierno federal a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), con la asistencia de la Guardia Nacional o personal de la SEMAR; hoy hay un casi absoluto vacío de autoridad, aliviado apenas por la presencia de un solitario funcionario de la SDS. El quehacer está claramente definido. Sólo hace falta una clara voluntad política.

Edición: Fernando Sierra