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Chuburna es un botón de muestra

Es deseable que crezca la acción colectiva contra los ecocidios
Foto: Ayuntamiento de Progreso

La marcha en Mérida contra un proyecto en las dunas de Chuburná, resultó alentador. Grande o pequeño, el grupo de manifestantes responde a un llamado de conciencia hacia un modelo de desarrollo ambientalmente sustentable, que anteponga la precaución frente a la toma de decisiones cortoplacistas de personas, empresas o grupos.

Es deseable que ese tipo de manifestaciones crezcan pues el área de dunas de Chuburna es apenas un relicto de un ecosistema que cubría casi la totalidad de la costa yucateca, y que hoy se ve reducido ante el embate de la demanda de casas de veraneo y negocios de un pretendido “desarrollo turístico”. Pese a los esfuerzos por conservar los ecosistemas costeros en Yucatán desde la segunda mitad del siglo pasado, la tendencia, en pleno cambio climático, de fragmentar los terrenos del litoral y transformarlos en eriales carentes de vegetación y cubiertos por infraestructuras rígidas y pesadas, parece resultar imparable.

La propuesta de desarrollo costero impulsada en parte por miembros de la familia Chapur es solamente un botón de muestra de esta tendencia. El hecho de que los propietarios o usufructuarios legítimos de un predio determinado pretendan construir para poder llevar a cabo alguna actividad lícita no es de por sí un problema; sí lo es que el estado carezca de un marco de ordenamiento y de instrumentos jurídicos robustos, de manera que los interesados para manejar sus predios no estén sujetos a una reglamentación clara, los sitios donde resultan permisibles las distintas actividades no se encuentran determinados con claridad ni de manera definitiva y los responsables de los diferentes niveles de gobierno no siempre resultan celosos del cumplimiento de su rol como autoridades, de modo que la fuerza de los intereses económicos resultan capaces de doblar, ignorar o modificar lo que tendría que ser un marco regulatorio riguroso.

El ejemplo de Chuburna es bastante claro: un proyecto al que la autoridad federal (Semarnat) ya se le había negado autorización en materia de impacto ambiental, debido entre a que contradecía lo establecido en el programa de ordenamiento costero, ahora recibe autorización en la misma materia y por la misma autoridad, a la luz de que el ordenamiento del municipio fue modificado en lo locla, de manera que quedaba hecho a modo para poder llevar a cabo el proyecto propuesto. Más allá de la suspicacia que pueda generar lo que parece una decisión “de contentillo” (si el proyecto no cambió, ¿qué se supone que se modificó en el ambiente que hace posible que ahora sí resulte permisible llevarlo a cabo?), preocupa la modificación de la decisión de la Semarnat. Si la postura que llevó a negar la autorización en primera instancia fue solamente el hecho de que se hacía caso omiso de lo establecido en el programa de ordenamiento, el análisis hecho durante la evaluación del manifiesto de impacto ambiental parece extremadamente pobre: ¿qué pasa si un proyecto se pretende realizar en un predio ubicado en una unidad de gestión ambiental (UGA) que sí considera factible realizar esa actividad, pero el proyecto está formulado sin considerar los riesgos e impactos ambientales que podrá generar, ni las medidas de mitigación, restauración y compensación que el promovente propone para abatirlos?, ¿se emite un dictamen favorable solamente en virtud de la congruencia del proyecto con la letra del programa de ordenamiento? Por otra parte, si el dictamen fue formulado con rigor y de manera comprehensiva, lo que justificó que se negara la autorización, qué nos dice que en la versión actual los daños a la duna resultan de pronto algo admisible o reparable. En mi opinión, la autoridad federal debió apegarse a su resolución original, y más bien indagar en el ayuntamiento qué motivos se alegan para cambiar un programa de ordenamiento únicamente para dar cabida a un proyecto rechazado anteriormente.

Ejemplos como este se repiten desde Celestún hasta El Cuyo. Cuando no es la construcción de una torre de condominios, se trata de un club de playa, un conjunto de cabañas con piscina y con un camino de acceso que fragmenta la ciénega, o una suntuosa residencia de verano a la que estorba la vegetación de duna y prefiere ver su terreno “limpiecito”, de arena desnuda, sin considerar el efecto que esto tendrá al paso de eventos meteorológicos de gran envergadura. Cuando no se trata de infraestructura, menudean los campamentos de pepineros, que contaminan con salmuera caliente la vegetación circundante. De nuevo, es alentadora la protesta frente al caos de Chuburna; pero ojalá cunda y se transforme en una actitud generalizada frente a lo que pasa en la costa del estado.

Lea, de la misma columna: De tortugas y personas

Edición: Fernando Sierra


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