Opinión
La Jornada Maya
11/08/2026 | Mérida, Yucatán
Los esfuerzos por combatir a la violencia armada, poco a poco, han ido dando fruto. Las tasas de homicidios dolosos, en todo el país, han ido a la baja en el último lustro.
En algunos lugares, la disminución todavía no equivale a una pacificación. Sin embargo, la cifra nacional promedio del primer semestre del año en curso, 322.16 víctimas por mes, resulta un respiro. También hay que reconocer que la percepción de que la violencia sigue ahí es consistente, y esto obedece a casos que han sido sumamente mediáticos, como el de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, secuestrada y asesinada en Veracruz.
Pero en el crudo universo de los números, un caso es un caso y lo importante es que cada vez sean menos y esta es una responsabilidad de todos los gobiernos; tanto el federal como los estatales, pues incluso los estados que presumen ser los más seguros, como Yucatán, se dieron 15 homicidios, una incidencia que a todos les gustaría ver que vaya a la baja.
Por su parte, Quintana Roo consiguió una muy importante reducción en la comisión de homicidios dolosos, que alcanzó el 60.4 por ciento con respecto al mismo periodo de 2025, según afirmó Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante la conferencia diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Sin duda, es un logro para el gobierno federal.
Resulta hasta cierto punto reconfortante ver que los estados de la península se encuentran en las posiciones más bajas de la tabla, indicando que están entre las de menor incidencia de homicidios dolosos: Quintana Roo en el lugar 21, Campeche en el 24 y Yucatán en el 32, y que en las tres permanece la tendencia a la disminución.
Pero la violencia tiene otras manifestaciones en la península, y su atención corresponde a los gobiernos estatales. Todavía este lunes dimos a conocer que “La península mantuvo las tasas más altas de suicidio en el país” (Juan Carlos Pérez, 10 de agosto, 2026), y en este rubro, Quintana Roo y Yucatán se encontraron en el segundo y tercer lugar, respectivamente, aunque el segundo puesto es compartido con Aguascalientes.
Campeche, por su parte, ha estado haciendo algo distinto, al ocupar la posición 22 en cuanto a muertes auto infligidas por cada 100 mil habitantes, ubicándose por debajo de la media nacional, con 5.7 casos.
Pareciera que la violencia ocupara un balancín: baja en un rubro, pero otro va a la alza. Y mientras, la Península permanece con una herida. Porque el suicidio lleva ya décadas como uno de los temas de mayor preocupación social en los tres estados. Hoy, toca voltear hacia lo que Campeche ha realizado correctamente para disminuir la tasa de incidencia, y seguramente encontraríamos algo novedoso.
Quintana Roo y Yucatán parecen estar habituados a encontrarse en los primeros lugares de tasas de suicidio, y podría resultar hasta extraño que hubiera un descenso en estas cifras, o tal vez, volviendo a la idea del sube y baja, se esperaría un incremento en homicidios dolosos. La diferencia es que este rubro se combate con fuerzas de seguridad, mientras que para llevar a la baja los números de muertes auto infligidas se requiere de cambios estructurales en la sociedad, comenzando por crear las condiciones para que toda persona tenga acceso al cuidado de la salud mental y su debida atención.
Es válido presumir un estado por sus índices de seguridad. Pero cuando son las propias personas quienes optan por quitarse la vida, es porque el ambiente social no es sano. Después de tanto tiempo de figurar en esos primeros lugares vergonzosos, urge ensayar otras soluciones, y mirar a lo que ha hecho Campeche.
Edición: Fernando Sierra
