Yaquis en Yucatán (I de III)

En la segunda mitad del siglo XIX, los pueblos yaqui y mayo enfrentaron la expansión de colonizadores y latifundistas liberales en la cuenca del río Yaqui. La negativa de los gobiernos liberales a reconocer sus derechos territoriales y su autonomía política dio origen, entre las décadas de 1870 y 1880, a un conflicto conocido como la Guerra del Yaqui, que se extendió hasta 1926. Durante el Porfiriato, la confrontación se intensificó hasta convertirse en una campaña militar permanente, con continuos enfrentamientos, entre las fuerzas federales y estatales y las comunidades indígenas que defendían su territorio.

En 1902, los gobiernos federal y sonorense adoptaron una política destinada a terminar con la resistencia yaqui que combinó, bajo la dirección del general Francisco Troncoso, campañas militares, deportaciones masivas y la ocupación de los territorios yaquis por nuevos colonos. Aunque la deportación a Yucatán fue formalizada en 1902, había comenzado dos años antes, después de la batalla del Cañón de Mazocoba, en la cual el ejército rodeó y derrotó a un grupo de yaquis rebeldes. Cerca de 400 hombres, mujeres y niños murieron, mientras que más de mil personas, en su mayoría mujeres y menores, fueron capturadas y desterradas de Sonora.

A partir de 1908, la persecución dejó de dirigirse únicamente contra quienes participaban en la lucha armada. Cualquier persona identificada como yaqui podía ser detenida y deportada, sin importar si había formado parte de la rebelión. De una población de alrededor de veinte mil habitantes, entre seis y ocho mil fueron enviados a Yucatán, provocando que la presencia yaqui en Sonora se redujera a menos de tres mil personas.

Las acciones del Estado mexicano de este periodo pueden analizarse bajo la definición de genocidio del artículo II de la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Aunque fue aprobada décadas después, esta definición permite comprender que la violencia contra los yaquis no buscaba únicamente expulsarlos de su territorio, sino impedir su continuidad como pueblo, con una identidad, memoria y vida colectiva propias.

El asesinato de sus integrantes fue una de las expresiones más visibles del genocidio y aunque los combates provocaron la muerte de cientos de hombres, la violencia no se limitó al campo de batalla. Las autoridades establecieron un ambiente de persecución y terror en el que muchas personas fueron detenidas, torturadas o ejecutadas por la simple sospecha de ser yaquis. Mujeres, ancianos y niños desarmados también fueron víctimas de ataques y masacres.

La violencia física se acompañó de medidas destinadas a desarticular al pueblo yaqui como colectividad: el despojo territorial, la deportación forzada, la separación de niños de sus familias, la prohibición de prácticas culturales y la dispersión de las comunidades. Estas políticas buscaron impedir su reproducción biológica, social y cultural, transformándolo en una “comunidad rota”, dispersa en distintas localidades, con redes familiares fragmentadas y sometida a violencia y desplazamiento permanentes.

Sin embargo, el destierro no implicó la desaparición de la identidad colectiva. En los distintos espacios donde fueron desterrados, los yaquis conservaron vínculos de parentesco, solidaridad e identidad que les permitieron desarrollar estrategias de supervivencia, resistencia y preservación cultural.

Entre 1900 y 1910, más de seis mil yaquis fueron trasladados a Yucatán en las haciendas henequeneras, sometidos a trabajos forzados y a condiciones cercanas a la esclavitud. Lejos de su territorio, enfrentaron jornadas extenuantes, enfermedades y la separación de sus familias. Estas experiencias pueden reconstruirse mediante fuentes históricas como las actas de nacimiento, matrimonio y defunción de los registros civiles, que permiten analizar las trayectorias demográficas y familiares de los deportados, así como comprender las formas en que enfrentaron el exilio y buscaron garantizar la continuidad de su comunidad en un contexto de violencia extrema. En la próxima entrega continuaremos esta historia que Yucatán debe conocer, reconocer y mantener viva en la memoria.

Oana Del Castillo es antropóloga física del Centro INAH-Yucatán

Coordinadora editorial de la columna: 

María del Carmen Castillo Cisneros, antropóloga social del Centro INAH Yucatán

Edición: Estefanía Cardeña