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Desde hace décadas la minería a cielo abierto no metálica ha modificado los suelos de la península de Yucatán. La extracción industrial de materiales genera paisajes polvosos y llenos de ruidos, vulnera las aguas subterráneas, deforesta, fractura habitares, desestabiliza los entramados de vida a la velocidad de máquinas perforadoras, explosivos y el crecimiento del sector inmobiliario y constructivo. Hoy escuchamos sobre los daños a la vida de pobladores mayas de Yaxcopoil, Hotzuc, Petecbiltún Tebec, Ticimul, Xcucul Sur, Umán, Chocholá, Mérida y demás lugares próximos a bancos de materiales, y hemos visto cómo personas que se han movilizado para denunciar, frenar, clausurar definitivamente estos megaproyectos que les asedian y atentan contra sus modos de existencia.

Ante tal situación, el pasado 18 de septiembre se llevó a cabo una mesa de diálogo en la que participaron actores de por lo menos tres sectores: gubernamental, privado y sociedad civil. El evento estuvo encabezado por el subsecretario de Gobierno y Desarrollo Político de Yucatán, representantes de las secretarías de Desarrollo Sustentable, Seguridad Pública, Medio Ambiente y Recursos Naturales, representación del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya y autoridades municipales de Umán. Respecto de las comunidades mayas acudieron integrantes de la Red de Pueblos contra la Minería, y por el ámbito privado, un representante de empresas dedicadas a la extracción de materiales pétreos. 

De la mesa surgieron compromisos por parte de las autoridades relacionadas con brindar información sobre los permisos a las empresas mineras; visitas de inspección y documentación de las afectaciones, y no ejecutar acciones legales que vulnere a los pueblos denunciantes, ni ponga en riesgo sus integridades físicas y sicológicas. 

Sin querer demeritar la importancia de la mesa en cuestión, es importante reconocer que existen ciertas condiciones de inicio que no son del todo alentadoras: asimetrías de poder, subrepresentación de personas del pueblo maya, precedentes de criminalización hacia defensores del territorio, disminución de credibilidad de los testimonios de los denunciantes sobre las afectaciones que las mineras realizan en sus cuerpos, sus viviendas, sus montes, pueblos.

Posterior a este encuentro, las intimidaciones a los pueblos de Umán generaron un clima de incertidumbre en cuanto a los acuerdos tomados. Así lo notificaron las comunidades y Utsil Kuxtal, centro de derechos humanos. La situación invita a enfocarse en las asimetrías de poder desde una perspectiva “genealógica” que considere las historias de los pueblos mayas respecto de la defensa de sus territorios, usualmente caracterizada por estar asediada, minimizada y en desventaja.  

Es seguro que no bastará con una mesa, sino que se deberán generar protocolos que consideren las inequidades e injusticias históricas de los que han sido sujetas las poblaciones mayas y las que están sucediendo ahora. Es necesario que los organismos estatales tomen partido a favor de las comunidades, sus formas de vida, que reconozcan los irremediables efectos que la minería a cielo abierto ocasiona en el paisaje kárstico peninsular y cesen de minimizarlos a favor de los poderes económicos que están en las cadenas productivas de la industria de la construcción. 

Es evidente que esta actividad está dejando en la península un territorio agujerado, susceptible a la contaminación de las aguas, y sin formas de responsabilización alguna. Se puede acudir a los bancos de materiales abandonados a los alrededores de Mérida y en Kanasín y ver allá lo que las empresas que hoy están en Umán provocaron, y sumar estas afectaciones a las mesas de diálogo que se pretenden neutrales e imparciales. Es fundamental fortalecer los mecanismos de gobernanza y la participación equitativa de los afectados. No creerles a las poblaciones mayas sobre los daños que están padeciendo provocaría que los perjuicios se extiendan a múltiples ámbitos de sus vidas, comprometiendo sus territorios, entendido estos como el centro de sus interdependencias.  




Edición: Mirna Abreu


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