Opinión
La Jornada Maya
29/10/2025 | Mérida, Yucatán
Isaac G-Santoyo*
La minería metálica juega un rol básico en la economía global, aportando más del 10 por ciento al producto interno bruto del mundo. La mayoría de los objetos que muchas personas usamos -celulares, computadoras, coches-, tienen metales extraídos de minas. Pero la minería tiene lados muy oscuros.
La extracción de metales requiere triturar enormes cantidades de rocas, proceso que libera gases que calientan la atmósfera y partículas tóxicas al aire y al agua. Además, estas rocas trituradas o “jales” se acumulan alrededor de las minas, formando cerros de desechos con altas concentraciones de metales pesados como plomo, mercurio y arsénico. Estos metales poco a poco son absorbidos por las plantas, los animales y las personas que habitan cerca de los basureros mineros.
Aunque la minería representa alrededor del 1 por ciento de la fuerza laboral global, es responsable de cerca del 8 por ciento de las muertes laborales del mundo. Eso quiere decir que una persona trabajando en este sector tiene 80 veces más riesgo de muerte que en otra labor, personas que, además, difícilmente gozarán de los productos que requieren de los metales ahí extraídos.
Por si eso fuera poco, no por cerrar una mina se acaban los problemas.
La Sierra de Huautla, en Morelos, es una Reserva de la Biósfera que alberga sitios con una larga historia de minería metálica subterránea que se remonta al siglo XVI. Hasta 1990 se extraía principalmente plata, cuando la empresa se declaró en bancarrota, cerró el yacimiento y abandonó las instalaciones, dejando estos jales sin tratar. A pesar de ello, en 1999 el gobierno de México declaró la región como Reserva de la Biósfera, protegiendo oficialmente un territorio que aún guarda las huellas de su pasado minero.
Esta Reserva contiene aproximadamente 780 mil toneladas de jales tóxicos, los cuales tienen niveles de plomo, arsénico y vanadio que superan entre cuatro y siete veces los límites permitidos por la normativa mexicana. La comunidad rural de Huautla vive a 500 metros de este legado tóxico, y los residentes de esa comunidad usan pozos mineros abandonados como fuentes de agua. Aquí, evaluamos aproximadamente al 65 por ciento de la población, y todas las personas examinadas tienen al menos un metal tóxico en su cuerpo, principalmente plomo; además, casi todas las personas (92 por ciento) tiene más de uno, sobre todo mercurio y plomo. Los niveles de concentración de estos metales en muchas de las personas son similares a los que se han registrado en sobrevivientes de conflictos geopolíticos, como de la guerra de Irak. Consecuentemente, estos metales han afectado negativamente el sistema inmunitario de la población, lo que ha ocasionado enfermedades crónicas, degenerativas y cardiovasculares, y en los infantes, detectamos también impactos sobre diversas funciones mentales que son esenciales para su vida diaria, como recordar información, mantener la atención o resolver operaciones matemáticas simples, habilidades básicas para enfrentar los retos cotidianos.
Más allá de las minas abandonadas, hasta el año 2022 había 24 mil 66 concesiones mineras, lo que representa 8.59 por ciento del territorio nacional.
Y por si eso fuera poco, México sufre las consecuencias de un legado más, el de haber entrado a acuerdos de arbitraje internacional al firmar el convenio con el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), cuando entró al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El CIADI es un convenio internacional formulado por el Banco Mundial que permite a corporaciones demandar a gobiernos por pérdidas reales o potenciales económicas.
Desde entonces, nos han llovido demandas, sobre todo por parte de mineras internacionales, por intentar proteger áreas naturales y comunidades rurales. Por ejemplo, Metalclad, una corporación radicada en EUA y que usaba nuestro país como basurero, le cobró a México 15.6 millones por cerrar ese depósito de basura. Y en 2019, Odyssey Marine Exploration, otra empresa con base en EUA, demandó al estado mexicano porque este le prohibió extraer fosfato del subsuelo de la península de Baja California. El Banco Mundial quiere que México pague 37 millones de dólares a esta empresa, por haber protegido a sus ecosistemas y su sociedad.
Todo artefacto que tenemos requirió el trabajo de personas que no disfrutan de ellos, y que probablemente sufren o sufrirán consecuencias por la extracción de los materiales que los conforman.
*Doctor, labora en el Laboratorio de Neuroecología Cognitiva, Facultad de Psicología, UNAM
Edición: Fernando Sierra
