Opinión
La Jornada Maya
07/10/2026 | Mérida, Yucatán
El inicio de octubre ha sido de sobresalto para Yucatán. Varios sucesos violentos entre los que destaca un ataque armado en la colonia Montes de Amé, al norte de Mérida, y un intento de linchamiento en el municipio de Chemax, resultaron perturbadores, sobre todo cuando se sigue presumiendo que la entidad es líder en materia de seguridad en México.
Del primer ataque, hoy se sabe que estaba dirigido contra José Marcelino C. T., El Marce, presunto operador de la facción del Cártel de Sinaloa denominada Los Chapitos, en el vecino estado de Quintana Roo, y era objetivo prioritario del Atlas Delictivo de esa entidad. En otras palabras, fue un intento de ejecución por parte del crimen organizado, y hoy se tiene a cuatro personas detenidas y a disposición del Juzgado de Control, como presuntas responsables de la agresión.
En el caso de Chemax, también se detuvo a dos presuntos responsables del intento de linchamiento.
Parte de los reclamos que han surgido, sin fundamento, insisten en que “esto no pasaba”, como si la seguridad en Yucatán fuese resultado de la falta de sucesos violentos. De ser así, los juzgados en materia penal tendrían muy poco trabajo y posiblemente sería necesario cerrar varios de los que hoy se tienen.
Lamentablemente, la incidencia delictiva no es cercana a cero; ocurre que los llamados delitos de alto impacto son mucho menos frecuentes que en otros lugares.
Esto no significa que como sociedad debamos aceptar como inevitable que habrá hechos sumamente violentos. Por el contrario, debe prevalecer la negativa a que estos se normalicen y dejen de ser noticia. Al respecto, el gobernador Joaquín Díaz Mena ha insistido últimamente en que el mensaje de Yucatán, tanto de su población como de sus instituciones, es que quienes cometan un delito en el estado serán localizados y detenidos.
Si algo ha favorecido el desarrollo de organizaciones criminales es precisamente la impunidad. La que, al igual que la seguridad, se construye entre todos; desde quienes dejan de denunciar los hechos o hasta conductas sospechosas, hasta quienes fomentan la corrupción de las policías y que los ministerios públicos dejen de actuar.
Sin denuncia, no hay detención; sin detención, no hay consignación; sin consignación, no hay investigación y aporte de pruebas; sin esto, no hay materia para llevar a cabo un juicio, y menos habrá una pena.
Y sí, consignar ante un juez también es seguridad. Hoy por hoy, que existan más generadores de violencia provenientes de otros estados resguardándose en Yucatán es una posibilidad para la cual necesitamos estar preparados. Que lleguen sicarios a buscarlos también es factible. Que surja otra perturbación que termine en un linchamiento no es cuestión de azar. Que el registro de delitos de alto impacto sea bajo no quiere decir que éstos no se den. Lo importante es que se castigue a los responsables.
Reclamar que “esto no pasaba” es negar que todos los estados están afectados de alguna manera por altos índices de violencia. Hoy hay mayor acción contra el crimen, pero éste puede darse en cualquier lugar. Y en ese caso siempre será mejor contar con protocolos de atención y estar en posibilidad de dar una respuesta institucional pronta, a quedar en el pasmo por un suceso “que nunca había ocurrido”.
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Edición: Estefanía Cardeña
