Juicio contra ex presidentes

Pocos asuntos podrían alcanzar el nivel de consenso claro, contundente e inobjetable, como ahora lo tiene la demanda de someter a juicio a los cinco últimos ex presidentes de México, lo cual podrá ser avalado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o rechazado mediante algún tecnicismo de las leyes.

El principio fundamental de la democracia como sistema político es la defensa de la soberanía del pueblo, esto es, el pueblo manda. El artículo 39 de la Constitución Política de México establece que “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo”, y enseguida establece: “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”.

El mismo artículo constitucional expresa, con claridad, que “el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. 

Aunque el artículo 41 de la Carta Magna establece que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la unión, es claro que dicha soberanía es inalienable, por lo que llevar a juicio a los últimos cinco ex presidentes mexicanos panistas y priístas  es una fuerte demanda popular.

Diferentes encuestas arrojan que nueve de cada diez mexicanos apoyan que se someta a juicio a los ex presidentes y que respondan ante la ley por sus actos que significaron detrimento del patrimonio nacional, enriquecimiento de unos cuantos a su conveniencia y el empobrecimiento de las mayorías, legando una nación saqueada, con un brutal endeudamiento público, enormes desigualdades, violencia, inseguridad, corrupción,  perversión institucional y la imposibilidad de salir de la precariedad por la cancelación del llamado elevador social.

No es extraño que en 15 días, ciudadanos organizados hayan recabado más de dos millones y medio de firmas para solicitar una consulta popular de juicio a los ex presidentes del PRIAN. Al momento de cerrar esta entrega el miércoles, todavía hay un forcejeo al interior de la SCJN que, además hay que decirlo, no tiene altos niveles de credibilidad ni inspira confianza al pueblo.

Ya prácticamente es un hecho el libre acceso a las playas en México, al aprobar el pleno del Senado de la República las modificaciones pertinentes a la Ley General de Bienes Nacionales. Quienes impidan el cumplimiento de las nuevas disposiciones legales al respecto, podrán ser sancionados con fuertes multas que exceden el millón de pesos.  

Uno de los impulsores de estas reformas legales fue el senador Morenista de Quintana Roo, José Luis Pech, quien persiste también en el ordenamiento del servicio marítimo de pasajeros del continente hacia las islas de la entidad, dominado por monopolios que abusan en la imposición de elevadas tarifas incosteables para los locales que, por trabajo o salud, se trasladan con frecuencia de uno u otro lugar.  

En el asunto de las playas no hay que perder de vista que la entidad es la más turística de México, y existe mucha infraestructura instalada de negocios particulares que impiden el paso a las playas porque así lo permitía el manejo de las concesiones de zona federal marítimo terrestre. Mediar para no afectar al turismo no será tarea fácil, tampoco lo será reglamentar y educar a quienes usen las playas para que las cuiden, no tiren basura, no contaminen ni hagan mal uso de ellas. Hasta las mañaneras del Presidente de México ya llegaron las denuncias contra el Ayuntamiento de Tulum. En fin, son cosas que pasan en nuestro país y en nuestro caribeño Estado.

¡Hasta la próxima!

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Edición: Ana Ordaz