Clave: modificar la pregunta

La modificación de la pregunta constituyó la ruta de desahogo: sí a la consulta en general, pero no al planteamiento andresino en específico. Una votación cerrada aprobó el concepto aparatoso y, posteriormente, una votación menos apretada se reconfortó al descafeinar el fraseo interrogativo, convirtiéndolo en un planteamiento de generalización tan amplia que en el fondo puede terminar siendo inocuo.

En términos políticos cada bando puede darse por satisfecho o insatisfecho a partir de la porción de verdad que prefiera seleccionar y destacar, pero en los hechos lo sucedido ayer en sesión plenaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue un ejemplo más de esos retorcimientos políticos y, en el caso, judiciales, que buscan salidas zigzagueantes, ambiguas y acomodables a los tiempos en curso y los venideros.

El cinco a seis de la primera votación quedó en ocho a tres en la segunda. Interesantes y amplias exposiciones de puntos de vista de los ministros en la primera ronda y sugerente rapidez en la segunda. Dicho con fría simpleza: con la pregunta modificada se redujo todo a una propuesta para preguntar masivamente a los ciudadanos de esta República si están de acuerdo en que se iluminen las zonas de decisiones políticas del pasado para la eventual toma de acciones en busca de justicia, si fuera el caso. Difícilmente podría votarse en contra de tal generalización taimada que, por ello, puede resultar estéril.

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Poco quedó de la elaboración ruda y directa del obradorismo, como puede advertirse de la simple confrontación de palabras y conceptos expresados en la pregunta rechazada y la finalmente modificada: AMLO planteaba la acción de “autoridades competentes”, mientras la SCJN ni siquiera especificó quiénes serían los responsables de esas acciones, aunque se sobreentiende que serían las “competentes”.

AMLO propuso investigar y, en su caso, sancionar la presunta comisión de delitos por parte de cinco ex presidentes citados por nombres y apellidos: la SCJN suavizó al hablar de “acciones pertinentes” para “emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”.

¿Esclarecer decisiones políticas de actores políticos? Es decir, ¿cualquier decisión política de cualquier actor político, en cualquier nivel (federal, estatal o municipal) de los poderes ejecutivos, legislativos o judiciales, respecto a cualquier materia que pudiera ser susceptible de “esclarecimiento” que estuviese “encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?” Además, ¿con un rango de temporalidad (decisiones políticas “tomadas en los años pasados”) que podrían ir desde el Grito de Independencia hasta la conferencia mañanera de prensa de cualquier día de esta semana?

La primera votación provocó una inmediata reacción en redes sociodigitales, dando por fenecida la “independencia” de la Corte e impugnando al ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Según esa lectura apresurada, Zaldívar y otros ministros, algunos de ellos propuestos justamente por la administración obradorista, habrían sucumbido a presiones de Palacio Nacional. “Día negro”, se etiquetó.

Lo cierto es que la propuesta de AMLO no triunfó en la letra judicial final, pues fue desnaturalizada con la modificación de su sustancia, la pregunta. Es probable que tal modificación aleje en términos prácticos la posibilidad de procesar y castigar a ex presidentes. Pero en términos políticos, sociales y, sobre todo, electorales, es un paso adelante del obradorismo, que será utilizado como bandera en urnas en junio de 2021. La nueva correlación de votos en la Corte también abre vías más amplias en ese tribunal históricamente dominado por el conservadurismo.

Y, mientras hoy el tribunal electoral federal resuelve en definitiva sobre México Libre, el partido político que Felipe Calderón y Margarita Zavala han tratado de registrar, con la negativa del Instituto Nacional Electoral, que está a revisión, ¡hasta el próximo lunes!

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Edición: Emilio Gómez