Aldama: terminar la tragedia

La Comisión Permanente de los 115 Comuneros y de Desplazados del municipio de Aldama, Chiapas, reportó que ayer policías estatales se sumaron a los ataques perpetrados por civiles armados de Santa Martha, Chenalhó, lo cual supone una preocupante escalada en el asedio que grupos paramilitares mantienen contra las comunidades tzotziles de Aldama. De acuerdo con la Comisión, mientras se producían las detonaciones en el sitio se encontraba un grupo de observadores oficiales, quienes se limitaron a presenciar los hechos y retirarse. Los disparos continuaban en varios puntos del municipio hasta el cierre de esta edición.

De confirmarse la participación de los uniformados en las agresiones registradas ayer, se reforzarían las denuncias de los comuneros de Aldama en el sentido de que las autoridades municipales y estatales mantienen un vínculo de complicidad con paramilitares de Chenalhó, que han emprendido una sistemática intimidación con armas de alto calibre en el contexto de una añeja disputa territorial que enfrenta a estas demarcaciones y que ya ha dejado 25 muertos y muchos heridos.

Lo cierto es que la actitud omisa de quienes debieran velar por el orden público ha permitido el deterioro de la situación hasta niveles exasperantes: de marzo de 2018 al 19 de agosto pasado se registraron 350 agresiones armadas desde Santa Martha hacia Aldama, 114 de las cuales ocurrieron únicamente entre julio y el 19 agosto de este año. Desde entonces, los ataques se han sucedido a un ritmo tan vertiginoso que se vuelve imposible llevar la cuenta.

Desde julio pasado, La Jornada ha consignado de manera puntual la creciente hostilidad armada que padecen los habitantes de Aldama. La tragedia generada por esta violencia puede dimensionarse desde las cifras si se considera que en este municipio de apenas 5 mil habitantes existen 2 mil 36 desplazados forzados internos, quienes han debido abandonar sus ya precarias viviendas –58 por ciento de las casas carece de drenaje– debido a los constantes tiroteos efectuados desde el otro lado del río que divide a los municipios en conflicto. O, desde una perspectiva menos abstracta, pueden recordarse casos como el de María Luciana Lunes Pérez, adolescente de apenas 13 años que el 17 de julio “recibió un impacto de bala en un ojo y otro en el hombro, mientras trabajaba su telar de cintura, en su casa, en la comunidad de Koko”.

La infausta historia del paramilitarismo en Chiapas y el cariz cada día más grave que toman los acontecimientos en Aldama obligan a las autoridades de todos los niveles a investigar de manera exhaustiva e imparcial todas las denuncias presentadas, a esclarecer plenamente las responsabilidades de particulares y funcionarios en los continuos ataques y a ejercer una mediación eficaz. En suma, debe actuarse sin dilación para conjurar la amenaza de que la tragedia en curso desemboque en otro episodio de mortandad a gran escala como los que enturbian la historia reciente de la entidad.

Edición: Emilio Gómez