Agricultura y nuevo federalismo

Eugenio Fernández Vázquez
Foto: Alejandro González
La Jornada Maya

Lunes 31 de octubre, 2016

El miércoles 26 de octubre apareció en el [i]Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán[/i] un decreto con número 418/2016, por el que se declara al estado “zona libre de cultivos agrícolas con organismos genéticamente modificados”. Es un rechazo abierto a la política del gobierno federal, que desde hace años impulsa la siembra de cultivos transgénicos en la península, y que anuncia un camino de desarrollo distinto, centrado en la agricultura orgánica. El documento, además, podría marcar un antes y un después en la forma en que entendemos el federalismo.

El decreto por sí solo alberga dos escuetos artículos. El primero planta cara al gobierno federal, que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) ha impulsado el cultivo de transgénicos en todo el país, pero en forma especialmente notoria en la península de Yucatán. La Sagarpa ha llegado al extremo de enfrentarse en varios juicios contra organizaciones de productores y de la sociedad civil que se oponen a esos cultivos. Frente a ello, el gobernador Zapata Bello y sus secretarios de Gobierno, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y de Desarrollo Rural declaran en ese primer artículo “al estado de Yucatán como zona libre de cultivos agrícolas con organismos genéticamente modificados, así como de productos contaminados”, sin importar si son para consumo humano o cualquier otro uso.

El segundo artículo anuncia la alternativa por la que opta el gobierno yucateco. Mandata a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente que, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural, fomente la agricultura orgánica y construya en el campo del estado maya las capacidades necesarias para el cuidado de esos cultivos.

El documento no es solamente el anuncio de un nuevo camino de desarrollo, más sustentable y respetuoso de las comunidades indígenas, que se han opuesto frontalmente a la siembra de organismos genéticamente modificados en sus territorios y alrededores. Este decreto supone sobre todo una denuncia de las actitudes y políticas de Sagarpa en la región, y llega al extremo de acusar a la dependencia federal de actuar “sin considerar los comentarios vinculantes de los órganos de consulta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales” al autorizar la siembra de soya y maíz transgénicos en más de un millón de hectáreas yucatecas y en otro millón de hectáreas en Campeche y Quintana Roo.

El golpe del decreto 418/2016 del gobierno de Yucatán a Sagarpa va mucho más allá de lo político. También deja abierta la puerta para una controversia que podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al argumentar que Sagarpa desoyó las recomendaciones de los órganos de consulta ambientales, y al justificar el rechazo a la siembra de productos transgénicos en Yucatán en el artículo 4 constitucional, que establece que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”, establece un rumbo de colisión jurídica con el gobierno federal.

Si bien corresponde a las autoridades federales determinar quién y dónde puede sembrar cultivos transgénicos, el gobierno yucateco podría argumentar que su rechazo a los mismos busca hacer valer el derecho a un medio ambiente sano que reconoce la Constitución, y mostrar que las políticas de la Sagarpa impiden el ejercicio de ese mismo derecho. Si el gobierno del estado es serio en su intención de expulsar a los transgénicos de su territorio, esa controversia llegará tarde o temprano y corresponderá al máximo tribunal del país determinar quién tiene razón. Si la Suprema Corte diera la razón a Yucatán, estaría dando carta de naturaleza a una nueva dimensión de la soberanía estatal y del federalismo, que reconocería el derecho de los estados a ser todo lo rígidos que quieran en lo que toca a la sustentabilidad del desarrollo en sus territorios.

En cualquier caso, con o sin controversia constitucional, Yucatán ha asumido el liderazgo en la península, y en el país, en materia de desarrollo sustentable. Con la publicación de este decreto se compromete con un camino de crecimiento que no sacrifica el futuro, al proteger hoy los recursos naturales que se necesitarán mañana, y que no daña a los más (en este caso, a los campesinos yucatecos) para favorecer a los menos (es decir, a los accionistas de Bayer-Monsanto).

Campeche y Quintana Roo ya se han unido a Yucatán en otras iniciativas ambientales. En 2010 firmaron en la Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático un acuerdo para mitigar y adaptarse juntos a ese fenómeno y han tenido resultados muy positivos. Ésta sería una oportunidad para afianzar esa sinergia y distinguir a la península que comparten como un entorno de negocios sustentables e incluyentes, lo que les podría abrir nuevos mercados nacionales e internacionales.

La clave de todo estará en considerar hasta qué punto cada gobierno se toma en serio sus dichos y se preocupa por el futuro y el bienestar de sus ciudadanos.

Mérida, Yucatán
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