Rafael Robles de Benito
Foto: Notimex
La Jornada Maya

Miércoles 14 de septiembre, 2016

Hará cosa de tres años, cuando empezaba a discutirse acerca de la conveniencia de liberar los permisos para la siembra de soya transgénica en la península de Yucatán, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación solicitó a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas una opinión técnica acerca de las bondades o los inconvenientes de promover esa actividad. Los responsables de las áreas protegidas de la región, después de discutir el tema durante diversas reuniones, e intercambiar correos electrónicos y llamadas telefónicas con sus oficinas regionales y centrales, y considerando que prácticamente toda la superficie terrestre de la región, fuera de los polígonos de los parques y reservas, era área de influencia de los esfuerzos institucionales de conservación de los ecosistemas, consideraron que no era conveniente promover la siembra de soya transgénica en tierras yucatanenses.

Huelga decir que la autoridad responsable de las políticas públicas nacionales en materia de desarrollo rural hizo caso omiso de la opinión emitida por los funcionarios responsables de la conservación del patrimonio natural del país: en una muestra más de la política de “palos de ciego” y “diálogo de sordos”, parecen haber pesado más los intereses de los poderosos, que la opinión calificada de los expertos. Pero creo que todavía merece la pena quebrar una lanza por lo que sostenían los conservacionistas oficiales de entonces.

Si se revisa un mapa de la península de Yucatán, que muestre información acerca de sus áreas naturales protegidas, es fácil darse cuenta, no solamente de la importancia que éstas tienen en términos de la superficie total que interesan, sino además del hecho de que su distribución es tal que rodean casi totalmente las áreas urbanas y las que se encuentran dedicadas a la producción agropecuaria. Así las cosas, lo que se haga en términos de agricultura o ganadería en las tres entidades de la península tiene alguna forma de interacción con las reservas y los parques que incluye en su territorio.

No es de sorprender, por tanto, que quienes se interesan por la conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y los servicios ambientales del territorio yucatanense, vean con preocupación los intentos por imponer un modelo de producción agrícola que compromete la agro biodiversidad regional, amenaza el balance de polinizadores y plantas con flores, modifica los patrones de uso del suelo, y promueve la apertura de nuevas superficies a la producción agrícola, a costa de los remanentes de las selvas bajas y medianas que caracterizan esta porción del país. Más argumentos pues, para ver con cautela los intentos por introducir organismos genéticamente modificados en los estados peninsulares, y para insistir en una rigurosa observancia del más sólido criterio precautorio, antes de responder sin más a las promesas de incrementos en la productividad del sector primario.

[b]Mérida, Yucatán[/b]
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