Rafael Robles de Benito
Foto:Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Viernes 2 de septiembre, 2016

Hace unos días, en una reunión en la que participaron las autoridades estatales en materia de medio ambiente, se hacía una crítica al gobierno federal y a los estatales, en términos de que resultaba inadmisible que las dependencias dedicadas a regular, promover y subsidiar la producción agropecuaria en el país no asignaran recursos a la protección del entorno. El punto es interesante, pero falaz.

En realidad, en este momento nacional, en el que los recortes al presupuesto son el grito de guerra que anuncia la salvación (como si el gasto público fuera enorme, y hubiera que reducirlo, y no mal empleado y hubiese que reconsiderarlo y redistribuirlo), no se trata de incluir en las cuentas de las dependencias cuestiones que no les atañen de acuerdo a sus reglamentos internos, sino de dotar a las dependencias responsables de los asuntos subvaluados, a ser capaces de generar y ejecutar políticas públicas eficaces y suficientes.

Lo que pasa, creo, en realidad, es que el Estado mexicano no tiene noción de su propia riqueza, y entonces dedica recursos a sobreproducir lo que el mercado internacional demanda, sin considerar qué es lo que México ofrece, lo que los campesinos mexicanos conocen y producen – y poseen – y sin pensar en lo que realmente significa la sustentabilidad.

Los presupuestos (¿participativos?) que el gobierno federal presenta para aprobación del Congreso parecen destinados a irse encogiendo año con año, y en este proceso de reducciones sucesivas, las sufre más el gasto destinado a la protección al patrimonio natural nacional, que el que se destina a promover, subsidiar y respaldar prácticas productivas tendientes a incrementar el deterioro del ambiente.

A mi juicio, la solución no radica precisamente en hacer que dependencias como la Sagarpa, o las Secretarías estatales de Desarrollo Rural, modifiquen su razón de ser y destinen recursos a la protección ambiental. Para eso están, o deberían estar, otras agencias gubernamentales a las que se les otorgan cada vez menos recursos.

¿Qué tal si se modifica la estructura de subsidios perversos, o las reglas de operación de programas tales como el ganadero, y otros que promueven la deforestación y la contaminación de suelos y aguas, y se destinan esos recursos a engrosar los pagos por servicios ambientales, fortalecer los programas forestales, y apoyar los esfuerzos dirigidos al manejo sustentable de las especies silvestres? En otras palabras, ojalá se fortaleciera de veras a la Comisión Nacional Forestal, a la de Áreas Naturales Protegidas, a la del Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, y a la Semarnat, y se redujera el peso específico que representa para el presupuesto federal la Sagarpa. ¿Se teme entre la llamada “clase política” que una medida así pueda tener un costo electoral oneroso? ¿Hay otros sectores más interesados en gozar del erario público que en contribuir a salvaguardar el patrimonio natural de México?

[b]Mérida, Yucatán[/b]
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