Eugenio Fernández Vázquez
La Jornada Maya
Jueves 23 de junio, 2016
Campeche se queda sin árboles y sin campesinos, y a pesar de algunos esfuerzos incipientes desde lo local, las selvas siguen sucumbiendo ante el arrollador presupuesto federal destinado a impulsar la agricultura industrial. Se trata de cerca de 200 millones de pesos del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, que a pesar de su nombre no sólo no está condicionado a que no se deforeste la superficie que se va a apoyar, sino que en muchas ocasiones ha terminado incentivando el desmonte.
Con esa derrama de dineros destinados al impulso de la producción agropecuaria, no extraña que, según el Observatorio Global de los Bosques, que ofrece los datos más actualizados y cotejados sobre deforestación, el estado pierda 30 mil hectáreas de selvas cada año. A este paso, antes de un siglo se habrá desmontado del todo. Tampoco es de sorprender que la superficie sembrada haya crecido por lo menos 31 por ciento en la última década, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) sin contar las parcelas que se han desmontado y se dejaron en barbecho o se abandonaron. Para colmo de males, este proceso no ha hecho del campo un mejor empleador. Al contrario, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reporta que en los últimos quince años la proporción de campechanos que trabajaban en actividades agropecuarias bajó del 26 al 19 por ciento.
Con ello, lo que se pierde es la oportunidad de emprender un camino de desarrollo más próspero e incluyente, que además permitiría capotear mejor el cambio climático que se nos viene encima. Si en vez de apostar por la agricultura industrial, extensiva en escala e intensiva en insumos, se optara por el impulso a los pequeños productores para producir valor y trabajar juntos en la apertura de mercados; si se invirtiera en capacidades para la agricultura de conservación y la venta de productos de nicho y la diversificación, Campeche tendría una economía más resistente ante las crisis y que generaría más empleos, más estables y mejor pagados.
Sin embargo, hasta ahora las políticas públicas, impulsadas desde la federación y desde algunas cámaras y grupos de presión locales, han llevado a sacrificar a los más para asumir un modelo que beneficia a los menos. Basta con ver los mapas de la deforestación para ver quiénes son los beneficiados, y no es de extrañar que la presión para que se autorice la siembra de soya transgénica, aún en contra de los mandatos de la Suprema Corte, venga precisamente de municipios como Hopelchén, que pierden selvas a pasos agigantados y son los que disparan el promedio estatal. Para colmo de males, se trata de acciones por grupos con nombres y registro federal de causantes, por gente con nombre y apellido, que opera sin que se emprendan acciones en su contra.
A pesar de lo complicado y gris del panorama, las bases están puestas para construir una salida a esta situación y, con ello, una economía distinta que sí privilegie a las mayorías sin sacrificar el futuro. La clave está en dejar de entender la selva como algo ajeno sin potencial económico, y en dejar de pensar en volumen producido para pensar en valor de mercado.
Campeche ya ha dado grandes pasos en esa dirección. La Estrategia Estatal para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación busca, precisamente, frenar la frontera agropecuaria y detener la deforestación modificando e integrando políticas públicas para que éstas sirvan de impulso a la agricultura y la ganadería sustentables y para el aprovechamiento integral de las selvas del estado.
Seguir ese camino permitirá a Campeche generar más empleos sin sacrificar el agua y la biodiversidad. Además, al hacerlo el estado estará contribuyendo a frenar el cambio climático que nos amenaza a todos y ayudando a que México cumpla sus compromisos internacionales en la materia -el país se comprometió a eliminar la deforestación para el año 2030.
Seguir el camino de la sustentabilidad le permitirá a Campeche, en pocas palabras, tener una economía que beneficie a todos los campechanos.
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