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Pablo A. Cicero Alonzo
Foto: Óscar Rodríguez
La Jornada Maya

Mérida
6 de marzo, 2016

"Explicar detalles pone en riesgo Escudo Yucatán”. Así lo afirmó Roberto Rodríguez Asaf, secretario general de Gobierno, en la reunión que sostuvo con los legisladores locales para cabildear esta iniciativa, que pretende blindar al estado. Esta reunión se realizó anteayer, y asistieron, según la crónica legislativa publicada por La Jornada Maya, veinticuatro de los veinticinco diputados —Beatriz Zavala Peniche no fue, dizque por problemas en la espalda—, Rodríguez Asaf, Luis Felipe Saidén Ojeda, Alfredo Dájer Abimerhi, Jorge Esquivel Millet y Ariel Aldecua Kuk.

¿Rudos contra técnicos? ¿Máscaras contra cabelleras? En realidad, no. Con la bancada priista y sus satélites, el gobierno estatal no la tiene tan difícil; juega como local. Sin embargo, los legisladores del PAN y de Morena demostraron que no firmarán un cheque en blanco. La principal objeción que le ponen es su financiamiento. ¿Por qué una iniciativa de este calado no se incluyó en el presupuesto? ¿Por qué comprometer aún más las finanzas del estado? Preguntas válidas que no tuvieron, en esa junta, una explicación clara por parte de los creadores del Escudo.

En la primera cuestión, la que corresponde a la parte económica, se explicó que Escudo Yucatán costará mil quinientos millones de pesos, que provendrán de las participaciones federales de dos programas: el de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas y el de Aportaciones para la Infraestructura Social del estado. Se pedirá un adelanto de ambas, comprometiendo el veinticinco por ciento, a pagarse en un lapso de trece años. En este punto, la argumentación —a cargo del secretario de Administración y Finanzas, Dájer Abimerhi— fue débil, ya que nunca se demostró cómo la mengua de la cuarta parte de esos programas no afectará a la entidad.

Tan endebles fueron las respuestas del ex rector, que ese punto tuvo que ser explicado de una manera más profunda por otros medios. Se puntualizó, por ejemplo, que el fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas por lo general no se ejerce en su totalidad, por lo que utilizarlo para Escudo Yucatán incluso será algo benéfico. No así sucede con el de Aportaciones para la Infraestructura Social, más versátil que el anterior. Es ahí donde posiblemente se resientan las finanzas estatales, ya que se taparía un hueco haciendo otro. Ahí es dónde los financieros del gobierno del estado deben tejer fino.

El presupuesto para este año se aprobó apenas hace pocos meses. Éste asciende a casi treinta y siete mil millones de pesos, de los cuales, mil cuatrocientos millones fueron destinados a la Secretaría de Seguridad Pública y casi cuatrocientos millones de pesos a la Fiscalía General del Estado. La implementación de Escudo Yucatán es incluso mayor que el presupuesto anual de las dependencias que lo lideran. De ahí la apremiante necesidad de explicar mejor el origen y destino de los recursos y las medidas que se tomarán para que no afecte en las finanzas futuras ese boquete de veinticinco por ciento.

La actual administración estatal se ha caracterizado por el cuidadoso manejo mediático de sus anuncios. El primer ejemplo de estos golpes de efecto se remonta al momento en que se dio a conocer el arribo de la cervecería, un as bajo la manga que sirvió para quitarle protagonismo al pasado y centrar la atención en el futuro. El mismo modus operandi se observó cuando se revelaron las cuatro grandes obras de infraestructuras —un hospital, un centro de convenciones, un museo y un juzgado— y se anunció el fin de la era de la tenencia. Un calculado bombardeo de buenas noticias, realizado con un timming de cirujano.

Escudo Yucatán desentona con esta estrategia. A diferencia del concierto ejecutado a lo largo de estos años, planeado y consensuado, la estrategia de seguridad responde a una urgencia. ¿A cuál? Es ahí donde le encontramos aún más sentido al título que los editores de La Jornada Maya eligieron para englobar este tema: “Explicar detalles pone en riesgo Escudo Yucatán”. Los detalles, asumo como ciudadano común y corriente, son de orden criminal; nuestras autoridades tienen información que de darla a conocer asustaría, causaría psicosis. Sólo así se explica la reserva y la prisa.

El gobierno del estado tiene dos frentes abiertos. Por un lado, está la opinión del ciudadano de a pie, que a bote pronto recibió de manera positiva el anuncio. Para la gran mayoría de los yucatecos, la seguridad es una prioridad, representa su mayor preocupación. Según una investigación de mercado realizada el año pasado por Álvaro Quiñones Aguilar, el treinta y siete por ciento de los yucatecos se siente inseguro. Tanto, que una de las empresas que han registrado un mayor crecimiento en el último lustro es el de la vigilancia: tanto sus ventas como su personal han crecido treinta por ciento. Por otro lado, hay un sector creciente de desencantados, que ven en iniciativas de este tipo una excusa, una estratagema para desviar más recursos. Precisamente a ellos es a los que el gobierno estatal tiene que convencer sobre la pertinencia y necesidad de Escudo Yucatán. ¿Cómo? Con información. Los yucatecos tenemos que estar convencidos, creer con pruebas irrefutables. Dejemos los dogmas para otras cuestiones, menos profanas. El único secreto que se puede admitir en esta coyuntura es lo que le dijo Rodríguez Asaf a Raúl Paz Alonzo cuando el diputado panista comenzó a bombardearlo con preguntas.


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